Comenzamos esta crónica semanal sobre cristianos perseguidos en Argelia, donde la Iglesia Católica ha anunciado el cierre, a partir del 1 de octubre de 2022, de todas las actividades y obras de caridad realizadas por Cáritas, informa ACN.

La orden de cierre de las actividades de Cáritas Argelia ha sido tomada por las autoridades argelinas sin dar razones oficiales detalladas a los obispos de la Iglesia Católica de Argelia.

Fuentes locales, contactadas por la Agencia Fides, especulan que Cáritas ha sido objeto de las medidas restrictivas por ser considerada una organización no gubernamental extranjera. Todas las comunicaciones que llegaron del Ministerio del Interior contenían referencias genéricas al hecho de que la Iglesia católica estaba “encubriendo” a una organización no autorizada que realizaba actividades “al margen de la ley”, sin referencias concretas a ningún artículo de la ley que se hubiera infringido.

Los representantes de la comunidad católica local tienden a descartar que las medidas impuestas por las autoridades públicas argelinas estén alimentadas por sentimientos de hostilidad hacia la Iglesia católica y su laboriosa presencia en el país. Más bien, el asunto parece estar relacionado con la política general de restricciones que se ha aplicado en los últimos tiempos contra las ONG extranjeras y multinacionales. Hasta ahora, las autoridades argelinas no han tenido en cuenta todas las consideraciones que atestiguan el carácter singular de Cáritas como brazo caritativo de la Iglesia católica, carácter que la distingue de forma sustancial y “por sus estatutos” de las ONG, incluidas las que se dedican a la asistencia y ayuda humanitaria.

Las iniciativas de Cáritas Argelia fueron diseñadas y puestas en práctica en beneficio de los sectores más vulnerables de la población argelina, que en un 97% profesa el Islam. Cáritas Argelia también se ocupaba del fenómeno de los migrantes, asistiendo principalmente a personas enfermas y a menores con iniciativas humanitarias a la luz del día, y sin asumir nunca tonos políticos ni apoyar movilizaciones por motivos políticos.

El ataque redujo a cenizas la misión que ella misma había fundado hace 50 años y que será casi imposible recuperar

Nos ocupamos ahora de Mozambique, Allí, la misionera comboniana española Ángeles López sobrevivió al ataque de terroristas islámicos el pasado 6 de septiembre, en el que murió su compañera María de Coppi. “Siento que merece la pena. Y si estoy bien, en enero regreso”, ha asegurado, recoge Aciprensa.

El ataque redujo a cenizas la misión que ella misma había fundado hace 50 años y que será casi imposible recuperar.

“Cuando yo abrí mi puerta, ellos continuaron disparando. Dieron como cinco tiros. Yo me agarré a la pared lo que puede, y cogí la manilla para decirle ‘María, María, están aquí’. Mas cuando fui a ver, María estaba en el suelo”, rememora la misionera.

Cuando intentó huir por detrás, fue atrapada por los atacantes que empezaron a prender fuego a las habitaciones. Gracias a una súplica desesperada de la misionera, los terroristas “cogieron el cuerpo (de María de Coppi), lo arrastraron por los brazos a la calle, lo tiraron fuera a la tierra” y quedó con los brazos en cruz.

Retenida durante cerca de una hora, la misionera pensaba que la iban a matar y en su pensamiento deseaba que fuera con un tiro y no a golpes de catana.

En un momento dado, los terroristas islámicos la liberaron: “Estás libre, mañana sales de aquí, no queremos tu religión, queremos el Islam”, rememora. Entonces, explica la misionera, salió “corriendo como una gacela" a buscar a su hermana, que estaba encerrada con las niñas.

La misionera no guarda rencor a los terroristas islámicos: “No tengo que perdonarlos, porque yo nunca los condené; ellos son mandados, son pobrecita gente, drogados, de este lugar que los mandan a hacer eso, pero que no son culpables por nada. Si no hacen eso, los matan a ellos”.

Ángeles López asegura que la fe ha sido esencial para superar la circunstancia y no tener miedo a regresar: “Tuve una ayuda fuerte del Señor, estaba bastante serena. Esto ha fortalecido mi fe 100%. Si Dios no me hubiera ayudado no hubiera podido soportar cosas de este tipo”. “Merece la pena gastar una vida por la misión, que hay muchas personas con sed de saber, con sed de conocer a Dios”, concluye la misionera.

Se trata de una norma de efecto «retroactivo», con «cláusulas draconianas para aterrorizar a los cristianos

Y concluimos en la India, cuyo estado de Karnataka ha aprobado la ley anti-conversión más restrictiva del país. El 15 de septiembre, la cámara alta del estado, el Consejo Legislativo estatal, aprobó el proyecto de ley, que permite que casi cualquier persona denuncie una supuesta conversión forzada, invierte la carga de la prueba y exige que nadie presente objeciones para que una conversión se considere lícita, recoge ACN.

El contenido de la llamada Ley de Protección del Derecho a la Libertad de Religión «es amargo, brutal y corrosivo en su naturaleza», afirmaba en un comunicado la archidiócesis de Bangalore, dado a conocer por Alfa y Omega.

Se anunciaba también que los obispos del estado, «todos los líderes cristianos y otros que defienden el tejido secular de nuestra sociedad democrática» se preparan para combatir la ley en los tribunales. De hecho, ya han presentado su objeción ante la Corte Suprema», por lo que evitaron un pronunciamiento público más detallado.

Se trata de una norma de efecto «retroactivo», con «cláusulas draconianas para aterrorizar a los cristianos», ha denunciado Sajan K. George, presidente del Consejo Global de Cristianos de la India. En declaraciones a Asia News, explicaba que puede presentar una denuncia por supuesta conversión forzada tanto el propio converso como «sus padres, hermanos o cualquier otra persona relacionada con él por sangre, matrimonio o adopción». E incluso alguien «asociado de cualquier forma o un colega».

El texto «deja espacio» para que cualquier persona a quien le moleste la conversión «acose sin razón» a quien considere culpable de la misma. Ante cualquier denuncia, «la carga de la prueba» recae en el acusado, que tendrá que demostrar que la conversión no se ha logrado por medio de «la tergiversación, la fuerza, una influencia indebida, la coacción, la seducción» (por ejemplo mediante la promesa de bienes materiales), cualquier otra forma fraudulenta o mediante el matrimonio.

Si resulta condenado, se le castigará con entre tres y cinco años de prisión. A esto se le podrá añadir una multa de entre 25.000 y 100.000 rupias (313-1.300 euros). Si el converso es menor o mujer, tiene discapacidad intelectual o pertenece a una casta o tribu protegida, la sentencia puede llegar hasta a diez años de cárcel, añadía George.