Hacia el final de la última legislatura se aprobaron a presión numerosas leyes. Todas esas normas simbolizaban el pago de Pedro Sánchez a sus socios de Gobierno, por aquel entonces, Podemos. Los morados querían todo y más y los socialistas aprovecharon la ocasión para autodenominarse, 'el Gobierno más progresista de la historia'. Hablamos de leyes como la del aborto, la eutanasia o la trans, esos textos que conformaban la "diarrea legislativa", como lo denominó la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam. ​

Con la del aborto y la eutanasia se impuso la cultura de la muerte y, de paso, se cargó contra la libertad de conciencia del personal sanitario. La idea de socialistas y podemitas es que tanto el aborto como la eutanasia son un derecho, constitucional evidentemente y fundamental, faltaría más, por tanto todos, todas y todes deberíamos tener acceso de manera libre, pública y gratuita y en el 'centro más cercano a nuestro domicilio', defendía Irene Montero. 

Así, se les ocurrió crear un listado de objetores, donde a aquellos miembros del personal sanitario que por su conciencia, creencia o juramento hipocrático, no les permitiera dormir tranquilos el matar a alguien, se apuntaran y así se librarían de tener que perpetrar abortos o eutanasias. Una vez los centros tuvieran el listado harían lo necesario para asegurar que haya personal disponible, en Andalucía incluso se ha puesto un autobús a disposición. El derecho a la objeción de conciencia de los farmaceúticos se lo cargaron directamente: todas las farmacias están obligas a vender las píldoras del día después, bajo penas de un millón de euros si no disponen de ellas. 

Los registros deberían estar en manos de las Direcciones Médicas, no de los gerentes, "porque son médicos y están acogidos al código de deontología médica", por lo que "tienen la obligación, sí o sí, de confidencialidad"

Para rematar la jugada, cuando el imparcial Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido estudiaba la ley de aborto dejó claro en su sentencia que "el derecho a la libertad ideológica no es suficiente, por sí mismo, para liberar a los ciudadanos del cumplimiento de los deberes constitucionales y legales por razones de conciencia". Acotando aún más la objeción de conciencia al tener que "ser interpretada de forma restrictiva".

Según Moncloa todo iba a ir fenomenal, las listas eran muy lógicas y se iba a tratar con respeto máximo a los médicos y enfermeras objetores. Pero parece que no es así. En cumplimiento con la ley, el Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha un registro de sanitarios objetores al aborto: actualmente en ninguno de los hospitales públicos de Castilla-La Mancha se realizan abortos, sino a través de convenios con tres clínicas privadas, situadas en Albacete, Ciudad Real y Madrid.

Ante el nuevo registro, la presidenta del Colegio de Médicos de Toledo, Natividad Laín, ha hablado con el ABC y reconoce que "no queremos que los profesionales queden marcados. La objeción de conciencia es un derecho para todo el mundo".

A su parecer, los registros deberían estar en manos de las Direcciones Médicas, no de los gerentes, "porque son médicos y están acogidos al código de deontología médica", por lo que "tienen la obligación, sí o sí, de confidencialidad". Y es que como explica Laín, los gerentes no tienen por qué ser médicos, "no tienen la obligatoriedad del código deontológico que tenemos los médicos y que es de obligado cumplimiento", por lo que las listas podrían usarse para señalar a los profesionales. 

"Es poco probable que a una persona que esté en una lista de objeción de conciencia le vayan a hacer una caza de brujas, despedirle o no renovarle el contrato, pero a la hora de que tengan que decidir una contratación nueva entre uno que es objetor y otro que no lo es, contraten al que no es objetor. Podría ocurrir".

Algo que ya denunciaron desde la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia del Personal Biosanitario.