Hacia el final de la última legislatura se aprobaron a presión numerosas leyes, todas esas normas simbolizaban el pago de Pedro Sánchez a sus socios de Gobierno, por aquel entonces, Podemos. Los morados querían todo y más y los socialistas aprovecharon la ocasión para autodenominarse, 'el Gobierno más progresista de la historia'. Hablamos de leyes como la del aborto, la eutanasia o la trans, esos textos que conformaban la "diarrea legislativa", como lo denominó la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam. ​

Todas salieron aprobadas por amplias mayorías: recuerden lo de progresista, nuestros diputados y diputas lo son. Con la del aborto y la eutanasia se impuso la cultura de la muerte y, de paso, se cargó contra la libertad de conciencia del personal sanitario. La idea de socialistas y podemitas es que tanto el aborto como la eutanasia son un derecho, constitucional evidentemente y fundamental, faltaría más, por tanto todos, todas y todes deberíamos tener acceso de manera libre, pública y gratuita y en el 'centro más cercano a nuestro domicilio', defendía Irene Montero. 

Así se les ocurrió crear un listado de objetores, donde a aquellos miembros del personal sanitario que por su conciencia, creencia o juramento hipocrático, no les permitiera dormir tranquilos el matar a alguien, se apuntaran y así se librarían de tener que perpetrar abortos o eutanasias. Una vez los centros tuvieran el listado harían lo necesario para asegurar que haya personal disponible, en Andalucía incluso se ha puesto un autobús a disposición. El derecho a la objeción de conciencia de los farmaceúticos se lo cargaron directamente: todas las farmacias están obligas a vender las píldoras del día después, bajo penas de un millón de euros si no disponen de ellas. 

Relacionado

Para rematar la jugada, cuando el imparcial Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido estudiaba la ley de aborto dejó claro en su sentencia que "el derecho a la libertad ideológica no es suficiente, por sí mismo, para liberar a los ciudadanos del cumplimiento de los deberes constitucionales y legales por razones de conciencia". Acotando aún más la objeción de conciencia al tener que "ser interpretada de forma restrictiva".

Relacionado

Según Moncloa todo iba a ir fenomenal, las listas eran muy lógicas y se iba a tratar con respeto máximo a los médicos y enfermeras objetores. Pero en el Día Internacional de la Libertad de Conciencia, que se celebra hoy 15 de mayo, parece que la cosa no es así, ¡quién iba a adivinarlo!

Algunos objetores denuncian que el registro sirve como señalamiento: “Son listas para señalar a la gente porque, si lo que necesitan las administraciones son personas que les ayuden a cumplir este derecho a morir, pues que creen un registro de quien quiere ayudarles a cumplir con esa ley”, asegura una enfermera. 

La Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia del Personal Biosanitario acompaña y asesora jurídicamente a aquellos profesionales que se han visto presionados para llevar a cabo prácticas médicas que son contrarias a sus creencias: “Nosotros estamos amparados por el artículo 16 de la Constitución. Nosotros ganamos una sentencia en el Tribunal Constitucional en 2015 en el que se reconoce la objeción de conciencia de un farmacéutico a no vender la pildora poscoital”, recuerda la presidenta de la asociación, Eva Martín.

Lamenta que en la sociedad hay una corriente que apoya la “cultura de la muerte”, en la que “no quieren respetar las libertades y la libertad de conciencia que va en la condición de la persona. La libertad de conciencia no me las da las leyes, eso va conmigo”.

Martín denuncia que está aumentando el número de posibilidades en la que el profesional sanitario se siente en una situación contraria a su vocación de salvar vidas: aborto, eutanasia o cambio de género. 

“Respecto a la eutanasia, hay un arsenal de fármacos en la que es dificil que una persona muera de dolor. Podemos sedar, cuidar, que es parte de nuestra vocación. Si una persona se siente cuidada y querida ve las cosa de otra manera”.

Martín afirma que el lugar donde se dan todas las garantías al apuntarse en el registro de objetores es en el colegio de profesionales: “Nos señalan, y muchos profesionales en su trabajo son vetados a muchos puestos por ser objetores de conciencia. No es necesario apuntarse en ningun sitio, que se apunten los que quieran realizar estos actos (aborto o eutanasia, entre otras prácticas), que tendría más sentido común”.