Así que aunque la patronal eléctrica UNESA, recogiendo cálculo del propio Gobierno, pide una subida del 12%, y la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE) le recuerda al Ejecutivo que la luz debería subir entre un 20 y un 30%, el ministro de Energía Joan Clos, insiste: el 1 de enero próximo el recibo de la luz subirá lo que suba el IPC. Una medida electoral que provocará el consabido déficit de tarifa. Lo que el ciudadano no pague antes de las elecciones lo pagará después, incluido el coste financiero de la demora que, al final, todo sale de la misma cesta.
Y no es que el déficit de tarifa del presidente resulte preocupante en 2007. A 30 de septiembre, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) lo cifra en 687 millones de euros, y en UNESA piensan que, pasado el imprevisible mes de diciembre, se puede cerrar el año por debajo de los 1.000.
Ahora bien, el problema viene ahora, en 2008, cuando empiecen a crujir el coste de los derechos de emisión de CO2, que ya cotizan entre 20 y 30 euros por tonelada. No sólo eso, sino que el carbón lleva un año subiendo precios y del gas, aún indiciado al petróleo, mejor no hablar.
¿Puede resultar insostenible un déficit de tarifa de esa magnitud en vísperas de la liberalización? No necesariamente. Las elecciones, se supone, serán el 9 de marzo, y a parir de ahí comenzará la carrera alcista. El Gobierno que salga de las urnas tendrá las ventajas de las revisiones trimestrales del precio de la luz: si lo desea, podrá revisar tarifas el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y así mientras se lo permita Europa o refugiándose en la trampa de la tarifa de último recurso.
O sea, que, una vez más, liberalización supondrá inflación. ¿Y la lucha contra el cambio climático? Más inflación.
