Hong Kong, donde viven casi 8 millones de habitantes, fue entregada al régimen comunista chino por Margaret Thatcher en 1984, tras más de siglo y medio bajo dominio británico. La transferencia efectiva de poder se hizo en 1997 bajo el principio de "un país, dos sistemas", que en última instancia dependía de la voluntad del gobierno de Pekín. Éste no tardó en forzar las primeras medidas destinadas a impedir toda oposición real a sus designios sobre la región, dando lugar desde 2003 a protestas que arreciaron a partir de 2014 y se convirtieron en masivas en 2019, con una fuerte represión de la que Jim Lai y el cardenal Zen son solo los exponentes más conocidos, recuerda Religión en Libertad.

Pues bien: al menos 1.315 personas terminaron en prisión o en otras instituciones correccionales tras las protestas que estallaron en junio de 2019 en Hong Kong. Miles de ciudadanos se manifestaron durante meses contra el proyecto de ley de extradición (posteriormente abortado), y más en general para pedir libertad y democracia, informa Asianews.

El secretario de Seguridad de la ciudad Chris Tang dio a conocer la cifra y señaló que 345 de los condenados tienen menos de 21 años. Según datos revelados en octubre por su departamento, la policía arrestó a más de 10.000 personas por las manifestaciones a favor de la democracia. Unos 3.000, entre ellos 517 menores, terminaron en juicio; 2.044 han completado el proceso judicial y 1.631 recibieron condenas de distinto tipo: prisión, libertad condicional y servicios comunitarios.

La mayoría de los cargos se refieren a delitos de disturbios, reunión ilegal y posesión de armas ofensivas. La represión que llevaron a cabo las autoridades de la ciudad después de las manifestaciones de 2019, sobre todo con la adopción de la ley de seguridad nacional impuesta por Beijing en 2020, ha limitado, suspendido o cancelado en la práctica los derechos de reunión, asociación, expresión y participación política.

El secretario de Seguridad de la ciudad Chris Tang dio a conocer la cifra y señaló que 345 de los condenados tienen menos de 21 años

Tang explicó que 474 de los detenidos por las protestas de 2019 participaron con éxito en el programa PATH para ayudarlos a "reconstruir valores positivos". Administrado por el Departamento de Servicios Penitenciarios, el proyecto de "desradicalización" incluye la enseñanza de materias como historia china y educación moral y cívica para fortalecer el sentido de identidad nacional. También contempla apoyo psicológico y ayuda para la reinserción en la sociedad.

Sin embargo, las autoridades de la ciudad han adoptado iniciativas de "reeducación" mucho más radicales: los jóvenes prodemócratas en prisión están obligados a asistir a sesiones de "educación patriótica" y de entrenamiento militar. Para el ejecutivo pro-Beijing, se trata de menores con "puntos de vista ideológicos extremos" a los que hay que reeducar.

Es el mismo trato que, según la oficina del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno chino aplica a los uigures y otras minorías musulmanas de Xinjiang, acusadas de terrorismo y separatismo. Y no es diferente del "lavado de cerebro" al que a menudo son sometidos los obispos y sacerdotes católicos para presionarlos a fin de que se unan a la Iglesia "oficial", controlada por el Partido Comunista Chino.

Beijing no oculta su propósito de reeducar también a los taiwaneses. En agosto el embajador chino en Francia, Lu Shaye, reiteró que los habitantes de Taiwán tendrán que ser "reeducados" cuando la provincia "rebelde" se reunifique con China continental. Lu precisó que la reeducación de los taiwaneses es necesaria porque las autoridades de Taipei han "adoctrinado e intoxicado" a la población con una educación anti china. Según el alto diplomático de Beijing, hay que borrar de la mente de los habitantes de la isla los pensamientos y teorías secesionistas".