El pasado 8 de septiembre, el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente el voto de los nacionalizados en virtud de la ley de Memoria Democrática 20/2022 (conocida como 'Ley de nietos' en sus efectos electorales).
La citada ley posibilitaba que los descendientes de los exiliados españoles (que se exiliaron por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual) obtuvieran la nacionalidad española.
Sin embargo, una instrucción del Ministerio de Justicia del 25 de octubre de 2022 (dictada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente) abrió el abanico de las nacionalizaciones con esta frase: «Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».
Es decir, que ya no se exigía demostrar individualmente que la persona había sido perseguida o que había salido de España por motivos políticos si se podía acreditar que había salido de España durante ese periodo. En definitiva, la instrucción de Sofía Puente modificó la ley de manera sustancial sin pasar por el parlamento.
Gracias a la instrucción de Puente llegaron a pedir la nacionalidad española unas 2,5 millones de personas, de las cuales se ha concedido ya la nacionalidad a unas 544.000. La repercusión en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) es evidente.
Lo que busca el Supremo es que se cumpla la ley, esto es, que los consulados demuestren que los nacionalizados cumplen con el requisito de ser descendientes de exiliados españoles. Y que se suspendan los efectos electorales de aquellas nacionalizaciones que no puedan demostrar el vínculo con el exilio mientras se resuelve definitivamente el procedimiento (la Sala Tercera del Alto Tribunal aún deberá dictar sentencia sobre este asunto en los próximos meses).
Lo que está claro es que el Gobierno busca un 'pucherazo electoral'. Y Hoy OK Diario ha publicado una prueba de cómo se las gasta el sanchismo: un audio en el que la que fuera secretaria general del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, animaba presuntamente a militantes socialistas a conseguir copias de pasaportes españoles, incluso de personas fallecidas, para recabar votos de cara a las elecciones generales de julio de 2023.
Este es el audio:
¿A ver si el Supremo va a tener razón?