Hispanidad viene denunciando que legalizar la eutanasia o el suicidio asistido implica empezar a deslizarse por un plano inclinado o pendiente resbaladiza muy difícil de parar que provoca que la vida no tenga ningún valor, especialmente la de los más débiles y vulnerables, y que sea a ellos a quienes se termine aplicando al eutanasia incluso sin su consentimiento.
Y es que, en los países donde la eutanasia se ha legalizado está ocurriendo que se empieza permitiéndola sólo en casos excepcionales y por voluntad propia, pero se termina aplicándola sin restricciones, a cualquier persona e incluso en contra de su voluntad, y de manera especial a los más débiles y vulnerables: enfermos mentales, ancianos, discapacitados sobre todo intelectuales..., que no pueden defenderse ante la decisión de otros -el Estado, un médico, los jueces, los políticos, sus familiares- sobre sus vidas.
En Canadá acaba de producirse otro caso: una señora cristiana de 83 años fue eutanasiada en una residencia de Ontario, pese a que su familia asegura que no estaba en condiciones de prestar un consentimiento válido.
En concreto, la familia aduce que tenía problemas auditivos y deterioro cognitivo. Y que el facultativo empleó con ella expresiones erróneas, como que recibiría una medicación para sentirse «en paz» y que «no volvería a sentir dolor», en lugar de decirle claramente que iba a morir.
En definitiva, la familia sostiene que su abuela no prestó un consentimiento final expreso antes de recibir la inyección letal y asegura que nunca ha podido acceder a la solicitud de eutanasia que supuestamente firmó.
Cabe recordar, como ha publicado Hispanidad, que la ley de eutanasia aprobada en Francia obliga a las aseguradoras a abonar el capital de los seguros de vida, aunque la la muerte del asegurado se deba al suicidio asistido o a la eutanasia. Lo que podría dar lugar a presiones sobre la persona susceptible de recibir la eutanasia.
Y es que a esto hemos llegado en Occidente.
