Como recogió Hispanidad, el pasado 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló el grueso de la amnistía a los delincuentes del 'procés' independentista catalán, al no apreciar malversación de fondos europeos ni delitos de terrorismo en el citado 'procés'.
Tras el dictamen del TJUE, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig denunciaron al Reino de España por no aplicar la ley de amnistía.
Y parece que 'Puchi' tendrá que seguir esperando, en concreto, al rescate de Conde-Pumpido. Nos explicamos: el abogado del expresidente, Gonzalo Boye, solicitó al instructor del Supremo Pablo Llarena que aplicara la amnistía tras el pronunciamiento del TJUE, y hoy LLarena ha respondido. La contestación no ha agradado al de Waterloo, puesto que razona que la resolución del TJUE no afecta a uno de los principales argumentos que llevaron a dejar a Puigdemont fuera de la amnistía: la consideración de que al malversar fondos públicos para financiar el procés buscó "obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".
¿Y esto qué supone? El rechazo de aplicar la amnistía a Puchi. Por tanto, Llarena tampoco levanta la orden de detención nacional sobre el líder independentista, que seguirá sin poder pasearse por la Diagonal de Barcelona.
Así, Puchi tendrá que esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso de amparo. Dicho recurso sostiene que la interpretación de Supremo que le excluye de la amnistía supone una vulneración a sus derechos fundamentales... ¿y de quién depende el TC? Está previsto que Conde-Pumpido se ponga manos a la obra a partir del 22 de septiembre.
