En Hispanidad venimos hablando de la castellanofobia en Cataluña, utilizando distintos ejemplos. Véase: la del tipo surrealista, con un ciudadano que se quedó sin poder reciclar, porque se negaron a explicarle las instrucciones en español.
O, también está el caso de los cánticos de los niños, ya que el presidente Salvador Illa (PSC) quiere que los más pequeños sólo canten en catalán "La gallina Filipina", "La pirata Renata" o "Sobrasada", en los patios de los colegios.
Siguiendo la misma línea, nos vamos a Barcelona, donde el Ayuntamiento del también socialista Collboni, comenzará a inspeccionar los comercios para comprobar que cumplen las obligaciones relativas al uso del catalán.
La medida afectará, entre otras cuestiones, a la rotulación de los locales, las cartas de los restaurantes, las facturas, las instrucciones, la publicidad y la atención al público. La legislación autonómica establece que estas comunicaciones deben estar disponibles, al menos, en catalán, y reconoce el derecho de los clientes a ser atendidos en esta lengua.
¿Y si el cliente quiere ser atendido en castellano y no lo consigue? O, si hablamos de educación, ¿qué ocurre si los alumnos hablan en español o, si lo hace el profesor? El tema da para mucho, no lo duden.
Pero volviendo al caso de la persecución del consistorio barcelonés a los comercios de la Ciudad Condal, según La Gaceta, el Ayuntamiento asegura que, al menos durante la primera fase, no recurrirá directamente a las multas. «El objetivo no es la sanción sino la incidencia, queremos transformaciones rápidas», ha señalado Salicrú.
Otros municipios catalanes ya han avanzado por la vía coercitiva. Vic ha realizado inspecciones y enviado requerimientos a los comercios, mientras que Olot ha anunciado multas para 26 establecimientos. Las sanciones pueden oscilar entre los 300 y los 3.000 euros.
