Como recogió Hispanidad, el pasado 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló el grueso de la amnistía a los delincuentes del 'procés' independentista catalán, al no apreciar malversación de fondos europeos ni delitos de terrorismo en el citado 'procés'.

Tras el dictamen del TJUE, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig han denunciado al Reino de España por no aplicar la ley de amnistía.

En la denuncia, el abogado de Puigdemont, Carlos Boye, critica, por ejemplo, que el Tribunal de Cuentas haya dado un nuevo plazo de diez días a las partes (defensas, Fiscalía y acusaciones) para presentar Alegaciones sobre cómo debe interpretarse la sentencia del TJUE. 

Recordemos que el Tribunal de Cuentas había planteado dudas al TJUE sobre la malversación al entender que el desvío de fondos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre afectó a los intereses financieros de la UE, pero el TJUE lo ha descartado. 

Por su parte, la Fiscalía -dominada por el sanchismo, no lo olvidemos ("¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya  está")- ha instado al Tribunal de Cuentas a que aplique ya la amnistía.

Sin embargo, hay que enfatizar que el TJUE no indicó expresamente que Puigdemont, Comín o los demás procesados deban ser ya amnistiados, sino que dejó la aplicación concreta de la ley a los tribunales españoles.

Y es aquí donde emerge la posición del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que todavía no se ha pronunciado tras el dictamen del TJUE, pero que, según ha trascendido, mantendría su doctrina: no se puede aplicar la amnistía a los delitos de malversación porque la ley no lo contempla si se ha obtenido un beneficio patrimonial. Y en opinión de Llarena, sí se produjo ese beneficio patrimonial pues los implicados no usaron sus propios recursos para financiar el 'próces', sino que usaron recursos públicos. 

No obstante, también podría ocurrir que el Tribunal Constitucional --que tiene pendientes siete recursos de amparo de dirigentes independentistas (Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Antoni Comín y Lluis Puig) contra la decisión del Supremo de no aplicarles la ley de amnistía-- sentencie que la interpretación de Llarena ha vulnerado los derechos constitucionales de los delincuentes del ‘procés’. En cuyo caso se produciría un nuevo choque de trenes entre el TC y el Supremo, como el que hubo cuando el sector progresista del TC corrigió una sentencia del Supremo acerca del caso ERE del PSOE de Andalucía…

No olvidemos que el Tribunal Constitucional está controlado en este momento por el sanchismo, y hará todo lo posible por beneficiar a Pedro Sanchez, que, como se recordará, 20 minutos antes de las elecciones de julio de 2023 opinaba que la amnistía era inconstitucional pero 20 minutos después cambió de opinión, porque necesitaba los votos de los partidos 'indepes' para ser investido presidente. Y eso es lo que no han entendido los 15 magistrados del TJUE...