El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer lunes paralizar la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas del PSOE y UP por las que se pretendía modificar el sistema de elección de los jueces, cambiando de manera exprés y sin los trámites debidos una ley de tanta importancia para el funcionamiento del sistema como la Ley Orgánica del TC y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tras ser aprobadas en el Congreso, esas enmiendas de PSOE y UP se iban a votar en el Senado el próximo jueves. PSOE y UP pretendían una rebaja de la actual mayoría de tres quintos a una mayoría simple en la elección de los dos magistrados del Constitucional que corresponde al Poder Judicial. Asimismo, por medio otra enmienda, socialistas y comunistas pretendían modificar la Ley del Tribunal Constitucional para eliminar la potestad que ostenta ahora el tribunal de garantías de dar el plácet sobre la idoneidad de los nuevos magistrados. En este sentido, la enmienda abría también la posibilidad al Ejecutivo de nombrar a sus dos magistrados sin esperar a que lo haga el órgano de gobierno de los jueces.

El Grupo Popular interpuso entonces un recurso ante el TC para paralizar la tramitación de esas enmiendas.  Y por seis votos frente a cinco, el Pleno del TC acordó ayer estimar la medida cautelarísima solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.

El problema de fondo es que el TC aguarda desde el pasado 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar tanto al Gobierno (dos) como al CGPJ (otros dos). Porque no hay acuerdo en este último, el CGPJ.

Pero, con la excusa de desbloquear el poder judicial -la elección de los cuatro jueces del TC con su mandato caducado-, el Gobierno trataba de modificar el sistema de elección y la llegada de los dos candidatos al TC que debe nombrar el CGPJ por la puerta de atrás, es decir, introduciendo en la proposición de ley que eliminaba el delito de sedición las dos enmiendas que despejaban el camino para nombrar a sus dos magistrados afines.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, cuyo estilo es saltarse las normas, tomar atajos, hacer triquiñuelas, esconder urnas de votación tras mamparas, mentir más que hablar...

Quedaba por ver la reacción del que ha provocado toda esta tensión institucional, inédita en democracia: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, cuyo estilo es saltarse las normas, tomar atajos, hacer triquiñuelas, esconder urnas de votación tras mamparas, mentir más que hablar... Es decir, un estilo, el sanchista, muy poco democrático.

Y no lo decimos nosotros, lo dice hasta el mismo exdirector de El País, Antonio Caño, quien, en diálogo con El Debate, recientemente señaló: "En 'El País' sabíamos que Sánchez era peligroso para la izquierda, para el PSOE y para España".

Pues bien, esta mañana ha hablado "el autócrata" Sánchez -en definición del socialista y exministro con ZP, César Antonio Molina- y, fiel a su estilo ha dicho que "acata" la sentencia pero que el Gobierno adoptará "cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del poder judicial y del Tribunal Constitucional y para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales de 2019".

Lo curioso de su discursito  -por supuesto sin preguntas de los periodistas- es que todo lo que ha denunciado Sánchez se le podría aplicar a él perfectamente. Es decir, se le podría acusar de no cumplir la ley ni la Constitución por intentar un cambio en las mayorías necesarias para elegir al TC y al CGPJ -pasar de tres quintos a mayoría absoluta- por la puerta de atrás.

Sin embargo, la magistrada progresista del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer, ha desmentido este martes a Sánchez y ha dicho en Onda Cero que la decisión adoptada ayer ante el recurso de amparo planteado por el PP, “no es un complot; hay que pacificar en la medida de lo posible”. Ha añadido que el Parlamento tiene sus límites y el TC lo puede abordar. Aunque, en su opinión, "no vi razonable que se pudiera interrumpir una votación en un Parlamento, no me parece propio del respeto a la soberanía nacional”, argumentando que el TC es un órgano que está llamado al control que debe ser siempre a posteriori, cuando la ley ya está en vigor.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, por su parte, ha anunciado que su partido se querellará, el próximo viernes, ante el Tribunal Supremo, contra Pedro Sánchez por el "golpe contra el Estado de derecho y la Constitución" que, ha avisado, aún "no se ha detenido". Y ha añadido que en su partido siguen trabajando “sin descanso” para presentar una moción de censura contra él: "Creo que es el deber de la oposición ceder la tribuna del Congreso de los Diputados a todos los españoles a los que Sánchez ha hurtado la representación política. Tal y como comprobamos en 2017, los golpes posmodernos son muy diferentes a los golpes del siglo XIX, XX [...] la eliminación de los derechos y libertades en democracia se hace de forma escalonada, burocrática y retorcida, a lo largo de meses, y solo cuando es demasiado tarde advierten los ciudadanos que han perdido su patria, su democracia y su régimen de libertades".