En 2026, Berlín exige a los inmigrantes una prueba obligatoria de alemán además de conocimientos sobre el orden jurídico y social de Alemania. Si pasan años y no se logra aprobar el examen, acaban siendo expulsados.

Igualito que en España donde 12 comunidades autónomas, del PSOE y del PP, contratan profesores que llegan de Marruecos, para enseñar árabe a inmigrantes y que "salvaguarden su identidad". 

Pero resulta que esos alumnos viven en España y acuden a clases en España, pero, al parecer, a nadie se le ha ocurrido que, para integrarse en el país que los acoge, uno de los primeros requisitos es hablar el idioma de dicho país. Entonces, ¿no sería más lógico contar con profesores de español que les enseñaran el idioma a esos alumnos?

Por lo visto, la lógica no es progre, así que, regiones como Andalucía, Cataluña, Ceuta, Melilla, Aragón, La Rioja o País Vasco, por ejemplo, prefieren aplicar el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) aprobado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En concreto, este PLACM, suscrito entre el Gobierno de Sánchez y el de Marruecos, tiene como objetivo, advertía en su día, Manuel Gavira, portavoz de Vox en Andalucía: “enseñar la cultura marroquí y la lengua árabe en los centros de educación Infantil y secundaria andaluces a alumnos marroquíes y a los alumnos españoles que se quieran apuntar” y en el que, por ejemplo, en el caso de Andalucía, el pepero “Moreno Bonilla poniendo a su disposición las aulas y las infraestructuras educativas” andaluzas.

Ya en su día, el diputado de Vox por Córdoba y portavoz del Grupo Parlamentario en la Comisión de Educación, José Ramírez, defendía en el Congreso la Proposición No de Ley para solicitar la suspensión del programa de lengua árabe y cultura marroquí que se imparte en centros educativos españoles en virtud de un acuerdo con el Reino de Marruecos.

 

Veamos cuáles son los objetivos de dicho programa:

- La enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí escolarizado en centros españoles de educación primaria y secundaria, así como al alumnado no marroquí que lo desee. b) Proporcionar al alumnado marroquí una formación que le permita salvaguardar su identidad, vivir su cultura respetando la del país de acogida, tener confianza en ellos mismos y en su porvenir.

La inclusión escolar y sociocultural de este alumnado en el sistema educativo español y en la sociedad española, desarrollando para ello valores de tolerancia y solidaridad.

El fomento de la educación intercultural, desarrollando valores de respeto entre las diferentes culturas que coexisten dentro y fuera del ámbito escolar.

Cooperar con las familias y facilitar la comunicación con el profesorado a fin de establecer mecanismos que favorezcan su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Un detalle respecto a las vacaciones de los docentes marroquíes que imparten este programa en los centros españoles: El profesorado marroquí dispondrá de las mismas vacaciones y días festivos que el resto del profesorado del centro, atendiendo al calendario escolar establecido por la Comunidad autónoma. Además, dispondrá de un día no lectivo adicional correspondiente al día del Sacrificio (ID-ALKEBIR). ¿Si fuera a la inversa, tendrían los docentes españoles en Marruecos, por ejemplo, la Semana Santa, como periodo vacacional? 

Mientras, el portavoz de Vox advertía de que Marruecos no reconoce la nacionalidad española a sus nacionales y obliga a los alumnos de origen marroquí a mantener su documentación marroquí, lo que evidencia que estas clases no están dirigidas a alumnos españoles, sino a formar ciudadanos marroquíes en territorio nacional.

Además, Ramírez alertaba de que esta iniciativa promueve una formación ajena a los valores y leyes españolas, dificultando gravemente la asimilación de los alumnos a nuestra sociedad. Ramírez también ha recordado que en Marruecos existen prácticas legales, como la poligamia, que son incompatibles con el ordenamiento jurídico español y que, sin embargo, han generado situaciones anómalas ya en territorio nacional.

Por todo ello, el partido de Abascal considera que este programa supone una cesión intolerable que ninguna administración española con sentido de dignidad nacional debería permitir, en insiste en la necesidad urgente de suspenderlo en defensa de la unidad, la soberanía y la integración efectiva en la sociedad española.