El 2 de octubre de 2024, la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional sentenció que los delitos por el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco (año 1997) habían prescrito. Daba la razón así a los dirigentes etarras que habían presentado recursos de apelación contra su procesamiento por ese asesinato.
Entre esos dirigentes etarras figuran José Javier Arizcuren 'Kantauri', Soledad Iparraguirre 'Amboto', Mikel Albisu 'Mikel Antza' e Ignacio Miguel Gracia 'Iñaki de Rentería'. El autor de los disparos al concejal del PP fue FranciscoJavier García Gaztelu 'Txapote'.
Entonces, el 20 de octubre de 2024, una de las acusaciones populares personadas en el caso, la Fundación Villacisneros, recurrió en casación ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional, porque estima que es una causa no prescrita. Para la Fundación Villacisneros, "en el caso de ETA, la doctrina de la autoría mediata por dominio de la organización ya ha sido avalada en otras ocasiones en la Audiencia Nacional y nuestro deseo es que, evitando la prescripción, se mantenga la misma en relación con el procesamiento de los jefes de la banda terrorista que decidieron que el concejal del PP Miguel Ángel Blanco debía ser asesinado”.
Pues bien: el pasado 11 de febrero, la junta de fiscales delTribunal Supremo respaldó, por 13 votos frente a 3, la no prescripción del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es decir, que daba la razón a la Fundación Villacisneros y a la Asociación Dignidad y Justicia (también personada en el caso).
Sin embargo, en una maniobra que apesta a intereses políticos, Ángeles Sánchez Conde, número dos del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, en un informe remitido al Supremo, se ha pronunciado en contra de reabrir la causa porque cree que los hechos ya están prescritos.
Y decimos que la maniobra de Sánchez Conde 'apesta a intereses políticos' porque al Gobierno de Pedro Sánchez le interesa tener a buenas (ya que es uno de sus principales socios) a EH Bildu, la coalición en la que se integran los herederos de Batasuna, brazo político de ETA y que nunca ha condenado los asesinatos de la banda terrorista.
Y, como ha quedado demostrado durante el régimen sanchista, es decir, desde que gobierna Pedro Sánchez, la Fiscalía General del Estado (al igual que el Tribunal Constitucional) siempre ha estado al servicio del presidente del Gobierno...
Sin ir más lejos, a García Ortiz se le acusa de orquestar una maniobra política, en connivencia con La Moncloa, para acabar políticamente con su principal rival política, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), a quien Sánchez teme más que a un nublao. Y por eso, el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado está investigando al fiscal general del Estado por presunto delito de revelación de secretos, en concreto sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid...
No obstante, ahora la última palabra sobre si reabrir o no el caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco la tienen los jueces del Tribunal Supremo...
