En este Lunes de Pascua, el 'Diario de la corrupción sanchista' avanza, por mucho que en la RTVE que dirige José Pablo López se insista en bombardear con el inicio del juicio del 'caso Kitchen' que salpicó al PP hace años. En distintos medios, se pueden ver informaciones sobre corrupción -cada vez menos presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido y hasta de su entorno familiar y personal. Entre ellas, destacan las relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra: en concreto, los whatsapps que publica El Mundo y que se mandaron José Luis Ábalos y Pedro Saura, cuando eran ministro de Transportes y su entonces número dos y secretario de Estado, Pedro Saura (hoy presidente de Correos). Unos mensajes donde Saura apostaba por "suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra" y decía que la SEPI estaba "fuera de control".
Recuerden que el origen del caso Plus Ultra (aerolínea participada con capital venezolano) se encuentra en el rescate de 53 millones de euros que le otorgó el Gobierno Sánchez en marzo de 2021en marzo de 2021 a través del fondo para empresas estratégicas de la SEPI (el cual se nutrió con fondos europeos). Un rescate en el que estuvo vinculado el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero y como 'agradecimiento' la aerolínea le pagó 661.000 euros. Hasta el momento, el caso no sólo ha salpicado a Zapatero, sino también a sus hijas a través de la relación con el empresario Julio Martínez Martínez (dueño de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionado con los fondos públicos otorgados a Plus Ultra; asesor de la aerolínea y amigo del expresidente socialista), quien fue detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado diciembre por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. También fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el CEO, Roberto Roselli.
El caso que fue archivado hace años fue reabierto por la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, quien al ver que la UDEF halló indicios de "organización criminal" consideró que todo cobraba una "nueva dimensión” y hasta se mostró “escandalizada” de lo que vio,... Por todo ello, decidió enviarlo al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien aceptó su instrucción y decretó el secreto de sumario. Esto podría acabar con todo el caso y no precisamente para bien, porque el juez Calama se ha ganado en los últimos años el apodo del liquidador al haber enterrado los casos del Popular y del apagón, lo que hace temer que ocurra lo mismo con el de la citada aerolínea con capital venezolano. A pesar de que se sospecha cada día más, y de forma menos presunta, que Plus Ultra era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y hasta el empresario y comisionista Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es".
Ahora el rescate de Plus Ultra vuelve a estar sobre la mesa al salir a la luz los whatsapps que se intercambiaron Ábalos (hoy en prisión provisional por el primer apartado del caso mascarillas) y Saura (actual presidente de Correos) el 24 de marzo de 2021, a los que ha accedido El Mundo. Una vez más, se deja ver la irregularidad del citado rescate, a raíz de que se filtrara el informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) -dependiente del Ministerio de Transportes-. Dicho informe formaba parte del expediente sobre Plus Ultra que el consejo gestor de la SEPI (que depende del Ministerio de Hacienda) debía aprobar para que se procediera al polémico rescate... Un tema que no gustaba nada ni a Ábalos ni a Saura, pero el ministro no era tan tajante con su número dos: el primero no quería enfrentarse a María Jesús Montero, mientras el segundo le aconsejaba que dijera a Pedro Sánchez que se tenía que "suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra" y también decía que "la SEPI está fuera de control". Saura ya apuntaba que el asunto podría acabar en los tribunales, tal y como ha acabado sucediendo,... y también refería que todo aquel que considerara clave el pronunciamiento de AESA estaba guiado por una "animadversión política" porque se encarga de hacer informes relacionados con la seguridad aérea y no sobre la situación de las empresas ni el punto de vista estratégico que tanto defendía Montero al hilo de la aerolínea. No olviden que desde el Gobierno Sánchez se intenta apuntar al Departamento que en su día dirigía Ábalos por el citado informe de la AESA y el que elaboró la Dirección General de Transportes, mientras que Ábalos y Aldama han acusado directamente a Zapatero, quien en su comparecencia en la comisión de investigación abierta en el Senado negó dichas acusaciones.
Este Lunes de Pascua, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha apuntado que en su partido condenan "sin ningún matiz cualquier delito de corrupción", justo cuando ha empezado el jucio del 'caso Kitchen',... y quieren "que se haga justicia". Asimismo, ha señalado que "el PP de 2026 no es el de la Kitchen y el PSOE de 2026 no es el de Filesa", sino que en su opinión estamos asistiendo a una "evolución natural de la corrupción y el dinero en metálico que pasaba por Ferraz". Además, ha recordado que "la corrupción del PP ya tuvo consecuencias: una moción de censura" que sacó a Mariano Rajoy de La Moncloa y metió a Pedro Sánchez en junio de 2018.
En paralelo, El Mundo también informa de que la Audiencia Nacional ha cursado la orden de extradicción para el empresario peruano Luis Felipe Baca, que fue detenido en la isla de Aruba por agentes de la Interpol al estar siendo investigado por el lavado de fondos de origen ilícito en el rescate de Plus Ultra.
El caso Plus Ultra cualitativamente es relevante y más al salpicar a Zapatero, pero no se puede obviar que cuantitativamente aún lo es más el caso de Air Europa, que ascendió a 475 millones de dinero público y que implicó a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Sin embargo, la judicialización de este último no sólo está lidiando con las trabas de Moncloa al juez Juan Carlos Peinado (algo que se ha visto, por ejemplo, cuando Begoña Gómez se negó a entregar su pasaporte o no acudió al juzgado el pasado 1 de abril), sino también con la propia manera de actuar del juez, quien insiste en sentarla ante un juzgado popular y en abrir una diligencia tras otra, en vez de optar por cerrar la instrucción.
A todo esto se suma que Ok Diario remite a nuevas entregas de las entrevistas que en su día hizo a Ábalos y a Koldo García, antes de que entraran en prisión provisional. Ahora, el exministro y su exasesor apuntan a Óscar López y a Antonio Hernando, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, respectivamente, por pedirles ayuda para conseguir contratos de obras para empresas.
