Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso PSOE: el juez del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si el Partido Socialista se financió ilegalmente. Santos Cerdán y Pedro Sánchez lo han negado "rotundamente". Pero el juez Moreno ha abierto pieza separada, y secreta, sobre los pagos en metálico aportados por el PSOE, dada la "gravedad" de los hechos. La investigación está bajo secreto de sumario. El pasado 12 de marzo, el empresario Víctor de Aldama entregó en secreto al juez un sobre que contendría pruebas de la presunta financiación ilegal del PSOE.

En relación a este caso, The Objective informa hoy de que la UCO de la Guardia Civil ha encontrado al menos 52 facturas falsas, que se habrían elaborado con el fin de justificar fondos vinculados a la trama del caso Ábalos. 

2.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas -orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno. Esa operación, Sánchez se la encargó -presuntamente- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

Ayer recogió Hispanidad que la Fiscalía General del Estado ha informado al juez Pedraz acerca de dos reuniones que mantuvieron Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía y mano derecha del que fuera fiscal general, Álvaro García Ortiz, y su superior, Beatriz López Pesquera, con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo. El entonces fiscal general conocía estas reuniones ya que fue informado acerca de ellas. Pero, misteriosamente, no quedaron registradas. 

Los fiscales ya están pidiendo explicaciones a su sucesora, Teresa Peramato. En concreto, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha manifestado su “profunda indignación” por la explicación ofrecida, que ha sido “insuficiente”, “vaga” y “genérica”. En opinión de la AF, en el caso de los fiscales "la transparencia no es opcional". "Este era el momento de reivindicar los valores constitucionales que inspiran la actuación del Ministerio Fiscal y de rechazar sin ambigüedades cualquier intento de intimidar o atacar a quienes ejercen sus funciones con independencia".  

También en relación al caso Leire Díez, la UCO de la Guardia Civil ha concluido que el PSOE “sufragó y dio soporte” a la “actividad delictiva” de las cloacas, recoge Vozpopuli. 

Este trabajo de la UCO de la Guardia Civil, por cierto, ha puesto de acuerdo al exnúmero 2 del PSOE Santos Cerdán -investigado en varias causas de corrupción- y al batasuno Arnaldo Otegui, que han coincidido en que, en su opinión, "el objetivo de la UCO es destrozar personas". 

Pero no: lo que hace la UCO es demostrar que el PSOE presuntamente, no solo se financió ilegalmente sino que destinó dinero para sufragar las actividades delictivas de sus cloacas. Y tenemos que estar infinitamente agradecidos a sus agentes, que trabajan en servicio de España y su democracia desenmascarando a quienes, presuntamente, han cometido delitos, soportando presiones políticas insoportables. 

Algo parecido a lo que piensan sobre la UCO Otegui y Cerdán, aunque respecto a los jueces, lo ha expresado esta mañana el ministro socialista Óscar López, que ha llegado a decir que "hay jueces que prevarican". Pues ya está tardando el señor López en ir a un juzgado a denunciar nominalmente a esos jueces...

Volviendo al caso Leire Díez y a las cloacas del PSOE, Hispanidad recogió que el juez Pedraz ordenó a la UCO de la Guardia Civil acudir al Ministerio de Presidencia, Justicia y Cortes -que dirige Félix Bolaños-  para buscar información acerca de la nacionalización del venezolano Nervis Villalobos, exviceministro de Energía durante el gobierno de Hugo Chávez, y que está siendo investigado en EEUU por el presunto delito de blanqueo de capitales procedentes de la dictadura venezolana. 

La nacionalidad española le fue concedida al chavista en virtud de Ley de Memoria Democrática. Pero sin una "conducta media exigible", según ha trascendido hoy. 

Por su parte, El Mundo añade hoy que Santos Cerdán pidió ayuda a "Félix" (presuntamente Bolaños) para obtener la nacionalidad española de Nervis Villalobos. Para ello, a cambio, este habría accedido a facilitar el contacto de una persona (una mujer) que quería declarar contra el fiscal José Grinda, uno de los fiscales a los que la trama de las cloacas del PSOE lideradas por Cerdán y Leire Díez quería destruir. Nervis Villalobos pidió la nacionalidad española para de esa manera eludir una posible petición de extradición por parte de EEUU. 

3.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama -titular del Juzgado Central de Instrucción número 4- dictó el pasado 19 de mayo un auto en el que llama a declarar como imputado el próximo 17 de junio al expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos) cometidos por medio de una red liderada por él, que habría obtenido concesiones de organismos públicos, como por ejemplo, el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, en el año 2021, durante la pandemia. En este entramado, Zapatero se habría beneficiado de cerca de 1,9 millones de euros mediante sociedades vinculadas a él y a familiares, como por ejemplo, una empresa de sus hijas. La resolución sospecha que parte de esos pagos encubrían comisiones por intermediación política disfrazadas de consultoría o asesoramiento. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez -propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. Análisis Relevante SL percibió importantes cantidades procedentes de compañías privadas, entre los años 2020 y 2025, a cambio de trabajos de consultoría. A la vez, Análisis Relevante pagó a Zapatero y a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, en esas mismas fechas, unos 660.000 euros por trabajos de consultoría y maquetación. 

En relación a este caso, el abogado de Zapatero ha pedido al juez Calama que especifique cómo consiguió EEUU el contenido del móvil de Rodolfo Reyes (accionista de Plus Ultra), no vaya a ser que en esa extracción se hubiese cometido alguna ilegalidad por parte de las autoridades estadounidenses. En definitiva, lo que busca el abogado del expresidente es intentar retrasar, mediante argucias procesales, el caso de su defendido. 

Algo parecido a lo que busca la defensa de Julio Martínez pues, según informa OK Diario, piensa que el móvil de Rodolfo Reyes fue «clonado ilegalmente» por la Policía de Miami. 

Lo que no está claro es si estas argucias les van a servir a ambos, pues a lo mejor en EEUU sí es legal proceder a la extracción de esos contenido tal y como lo hicieron sus agentes y en ese caso sí servirían como prueba en España. 

4.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para la mujer del presidente del Gobierno por cuatro delitos y la envía a un juicio ante un jurado popular: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. La acusación particular, ejercida por Hazte Oír, pide 24 años de cárcel para la mujer del presidente. Cabe recordar que el juez Peinado había citado a Begoña Gómez, a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, el próximo 9 de junio, para una audiencia previa al juicio con jurado popular, advirtiendo que si los tres acusados no acuden a esa cita para "tratar de eludir la acción de la justicia", podrán "ser conducidos por la fuerza pública". Pero luego accedió a retrasar la comparecencia al día 15 de junio. 

A Begoña Gómez se la pudo ver ayer, sonriente, junto a su marido Pedro Sánchez, en la eucaristía celebrada por León XIV en la Sagrada Familia de Barcelona.