Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1-. Caso Koldo: dentro del caso Koldo, el Tribunal Supremo investiga la derivada de las mascarillas (una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico), donde están siendo juzgados el empresario y comisionista Víctor de Aldama, Koldo García y su antiguo jefe José Luis Ábalos, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Esta causa la asumió el Supremo porque Ábalos era aforado como diputado cuando arrancó la investigación. Pero en el caso Koldo hay otra parte, la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública y la adjudicación de contratos públicos de material sanitario en pandemia (sobre todo en Canarias y Baleares), que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, concretamente por el juez Ismael Moreno, después de que el Supremo se la enviase tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado. En esta parte están siendo investigados el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-.  Y también Víctor de Aldama. 

Pues bien: el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como imputado, el próximo 8 de julio, al subteniente de la guardia civil José Luis Rodríguez García. Este agente se habría reunido con Koldo entre 2022 y 2023 y, según el magistrado, hay "indicios" de "su conocimiento y posible participación" en los hechos. Moreno cree que es también una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados". 

2.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas -orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno. 

Esa operación, Sánchez se la encargó -presuntamente- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

La noticia de este miércoles es que la Fiscalía ha informado ahora al juez acerca de las reuniones que mantuvieron Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía y mano derecha del que fuera fiscal general, Álvaro García Ortiz, y su superior, Beatriz López Pesquera, con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo. El entonces fiscal general conocía estas reuniones ya que fue informado acerca de ellas, al menos en dos ocasiones. El asunto es particularmente grave porque la función de la Fiscalía es defender la legalidad y perseguir el delito, justo lo contrario de lo que ha hecho, presuntamente, muestran estas reuniones.

En relación a este caso, el juez Pedraz ordenó ayer martes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudir al Ministerio de Presidencia, Justicia y Cortes -que dirige Félix Bolaños- para buscar información acerca de la nacionalización del venezolano Nervis Villalobos, exviceministro de Energía durante el gobierno de Hugo Chávez. La nacionalidad española le fue convencida en virtud de Ley de Memoria Democrática. 

Por otra parte, The Objective informa hoy de que la fontanera del PSOE Leire Díez amenazó a la presidenta del PSOE Cristina Narbona si le aislaban: «Yo también puedo hablar». Cabe recordar que el juez Pedraz ha citado a declarar como testigo a Narbona, el próximo 10 de julio, acerca de una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que la exmilitante socialista le habla de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

3.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama -titular del Juzgado Central de Instrucción número 4- dictó el pasado 19 de mayo un auto en el que llama a declarar como imputado el próximo 17 de junio al expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos) cometidos por medio de una red liderada por él, que habría obtenido concesiones de organismos públicos, como por ejemplo, el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, en el año 2021, durante la pandemia. En este entramado, Zapatero se habría beneficiado de cerca de 1,9 millones de euros mediante sociedades vinculadas a él y a familiares, como por ejemplo, una empresa de sus hijas. La resolución sospecha que parte de esos pagos encubrían comisiones por intermediación política disfrazadas de consultoría o asesoramiento. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez -propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. Análisis Relevante SL percibió importantes cantidades procedentes de compañías privadas, entre los años 2020 y 2025, a cambio de trabajos de consultoría. A la vez, Análisis Relevante pagó a Zapatero y a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, en esas mismas fechas, unos 660.000 euros por trabajos de consultoría y maquetación. 

En relación a este caso, El Español publica hoy que el expresidente del Gobierno no puede acreditar con documentos ni el origen ni la entrada en España de las joyas --diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros-- encontradas por la UDEF en su despacho. Las ricas joyas no fueron declaradas ante Aduanas, así que no se sabe ni cómo llegaron a España ni si se pagó el 21% del IVA. 

También relacionado con este caso, el Pleno del Senado debate este miércoles una moción del PP que insta al Gobierno a "revisar" el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra aprobado en 2021 y detallar qué papel tuvo cada ministro en esta operación: “El Grupo Parlamentario Popular considera necesario revisar el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en 2021, así como analizar la actuación de los distintos responsables públicos en la tramitación de dicha ayuda, en un contexto de especial preocupación por la gestión de los fondos de solvencia empresarial". Y añade: “Se insta al Gobierno a garantizar la transparencia total del procedimiento, la publicación de los informes técnicos que sustentaron la decisión y la rendición de cuentas de los responsables políticos que intervinieron en el expediente".