Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama -titular del Juzgado Central de Instrucción número 4-  dictó el pasado 19 de mayo un auto en el que llama a declarar como imputado el próximo 17 de junio al expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos) cometidos por medio de una red liderada por él, que habría obtenido concesiones de organismos públicos, como por ejemplo, el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, en el año 2021, durante la pandemia. En este entramado, Zapatero se habría beneficiado de cerca de 1,9 millones de euros mediante sociedades vinculadas a él y a familiares, como por ejemplo, una empresa de sus hijas. La resolución sospecha que parte de esos pagos encubrían comisiones por intermediación política disfrazadas de consultoría o asesoramiento. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez -propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. Análisis Relevante SL percibió importantes cantidades procedentes de compañías privadas, entre los años 2020 y 2025, a cambio de trabajos de consultoría. A la vez, Análisis Relevante pagó a Zapatero y a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, en esas mismas fechas, unos 660.000 euros por trabajos de consultoría y maquetación. 

En relación a este caso se ha producido hoy una importante novedad y es que el juez Calama ha solicitado permiso a las autoridades estadounidenses para utilizar como prueba el contenido del teléfono móvil incautado a Rodolfo Reyes, empresario venezolano y antiguo accionista mayoritario de la aerolínea Plus Ultra, implicado en el caso. Ese contenido fue conseguido por la justicia estadounidense -en concreto, por la agencia Homeland Security Investigations-, ya que ésta también investigaba a Reyes, y fue trasladado a la Audiencia nacional española el pasado 18 de marzo de este año. 

También en relación al Caso Plus Ultra-Zapatero, las acusaciones populares --coordinadas por el PP--  han solicitado al juez Calama que impute a las dos hijas del expresidente, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por presuntos delitos de blanqueo, falsedad y participación en organización criminal. 
 

2.- Caso David Sánchez: la jueza de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha instruido el caso que investiga al hermano del presidente del Gobierno por delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, incluyendo prevaricación, tráfico de influencias y malversación, en su contratación por la Diputación de Badajoz. El juicio juicio oral tiene lugar entre los días 28 de mayo y hoy, 9 de junio. Durante el juicio, la Audiencia Provincial de Badajoz declaró “prescrito” uno de los delitos de los que se le acusa a David Sánchez, el de "aceptación de nombramiento ilegal", el más leve de ellos. Pero mantiene vigentes los otros, es decir, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, y malversación. En este caso también se juzga al exlíder regional del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, que era presidente de la Diputación de Badajoz cuando ocurrieron los hechos. 

Hoy marte s9 de junio ha quedado visto para sentencia este juicio, en palabras del presidente de Sala de la Audiencia Provincial de Badajoz, José Antonio Patrocinio. Antes de eso, la sala ha dado el último turno de palabra a David Sánchez, del que no ha querido hacer uso; y a  Miguel Ángel Gallardo quien ha reiterado su "inocencia" y "la de las personas que se sientan en el banquillo, cuya única culpa es no tener las mismas ideas que la acusación popular". "La acusación ya ha perdido el interés en este juicio dentro de esta sala. Algunos letrados ya se han ido a Madrid. Ya han hecho su juicio mediático paralelo". "Nos han condenado socialmente".

Cabe destacar que, antes de que quedase visto para sentencia, la acusación popular Iustitia Europa entregó a la Sala algunos correos electrónicos que David Sánchez habría dirigido a su hermano y a su cuñada Begoña Gómez en los cuales les daba cuenta de la marcha de algunas gestiones. Estos correos fueron encontrado por la UCO de la Guardia Civil. 

3.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas -orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.

Esa operación, Sánchez se la encargó -presuntamente- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

En relación a este caso, el juez Pedraz ha imputado a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, por presuntamente haber intentado sobornar a la  empresaria Carmen Pano para que se retractase de su declaración de haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz. Además, el magistrado ha citado a declarar como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el próximo 10 de julio, acerca de una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que la exmilitante socialista le habla de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

Por otra parte, la UCO incautó un móvil y un ordenador   a Juanma Serrano (amigo de Pedro Sánchez y diputado del PSOE) en el que podría aparecer información comprometedora para el presidente del Gobierno acerca de si sabía o no los manejos de las cloacas de su partido. 

4.-Caso Air Europa: el juez José María Escribano -del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid- ha citado a declarar el próximo 3 de julio a Bartolomé Lora en relación al rescate de la aerolínea Air Europa con 475 millones de euros de dinero público, en noviembre de 2020. En esas fechas, Lora era el presidente en funciones de la SEPI. Para esta citación, el juez ha hecho caso a las denuncias de Partido Popular y Vox por un presunto delito de prevaricación administrativa. En concreto, porque presuntamente Air Europa no cumplía los requisitos para el rescate, ya que tenía una deuda de 59 millones con Hacienda. Sin embargo, durante su comparecencia en el Senado, Lora (ahora vicepresidente SEPI) aseguró que sí los cumplía. Además, el juez Escribano también ha citado a declarar a Manuel de la Rocha, director de Asuntos Económicos del Gobierno. Y también ha requerido a la SEPI toda la documentación sobre el rescate.