Proseguimos con nuestro Diario de la corrupción sanchista, en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Koldo:

El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha prorrogado seis meses más la investigación, debido a la gran cantidad de material incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que exige una minuciosa y trabajosa labor.

Y eso que hay algunos dispositivos electrónicos incautados, al menos 15, de los 161 que obran en poder de los agentes, a cuyo contenido no han podido acceder por estar cifrados. 

-Resumen del caso Koldo: el Tribunal Supremo condenó el pasado 22 de junio, en el caso mascarillas (una trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico) al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión; y a su exasesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias; mientras que a Víctor de Aldama, al que  condenó a 4 años y 6 meses de prisión por delitos de organización criminal y cohecho, le libró de la cárcel por colaborar con la justicia. Pero en el caso Koldo hay otra parte, la investigación sobre los presuntos amaños y comisiones en adjudicaciones de obra pública y de contratos públicos de material sanitario en pandemia (sobre todo en Canarias y Baleares), que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, concretamente por el juez Ismael Moreno, después de que el Supremo se la enviase tras la renuncia de José Luis Abalos a su acta de diputado, el 28 de enero de 2026. 

Cuatro días después, el 2 de febrero de 2026, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, dictó que el alto tribunal dejaba de ser competente para seguir instruyendo la pieza separada sobre las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública, ya que Ábalos era el único aforado de esa causa. Y remitió esa investigación al Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el citado Ismael Moreno. Sin embargo, la pieza principal relativa a las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas permaneció en el Tribunal Supremo porque ya se había acordado la apertura de juicio oral. Según la doctrina de la Sala Segunda, una vez abierto el juicio oral, la competencia del tribunal queda fijada aunque el acusado pierda posteriormente el aforamiento.

En esta parte están siendo investigados el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-.  Y también Víctor de Aldama. También es investigada en este caso la empresa navarra Servinabar, propiedad de Joseba Antxon Alonso, asimismo imputado. 

2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: 

Gertrudis Alcázar, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, se dedicaba a presionar a clientes de la sociedad Focus Social Research (FSR), vinculada al expresidente del Gobierno, para que pagasen. 

Uno de eso clientes fue el boliviano Grupo Gloria, al que Gertrudis le reclamaba el pago de un total de 100.000 euros, según las comunicaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

-Resumen del Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el pasado 17 de junio, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes".  Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez (Julito) --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- también está imputado en el caso por ser el presunto testaferro de Zapatero. Julio Martínez (Julito) declaró ante el juez Calama el pasado 21 de julio, ante el cual ratificó que el expresidente intervino en el rescate de Plus Ultra y remarcó que el expresidente socialista «marcaba los pasos a seguir» en la trama que se dedicaba a blanquear fondos internacionales. También cabe recordar que tanto el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola (no confundir con Julito) como el Ceo, Roberto Roselli, reconocieron mediante sendos escritos remitidos al juez, el papel de Zapatero en el rescate.