El ‘caso Puertos’ consiste en la investigación de supuestas irregularidades cometidas presuntamente por gobernantes del PSOE balear en el concurso y adjudicación de 171 amarres de barcos en el puerto de Mahón y al que se habían presentado un conglomerado de empresas náuticas menorquinas.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma intenta esclarecer qué ocurrió entre bambalinas antes del 7 de mayo de 2018, cuando el concurso se acabó adjudicando a un grupo de empresarios menorquines en un proceso plagado de irregularidades, según denunció la Fiscalía. 

La semana pasada, El Mundo publicó que un documento intervenido y aportado por los investigadores al sumario sobre el amaño de puertos en Baleares alude otra vez de forma directa a la figura de la presidenta socialista Francina Armengol y la sitúa en el cauce de información que circulaba a la sombra del concurso de Mahón, convocado en 2017.

Cabe recordar que es la tercera vez que Armengol aparece relacionada por pruebas recabadas en la investigación, añade el mismo medio. 

El Mundo tuvo acceso en exclusiva a los correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil en el marco de esta operación judicial, en la que la juez Martina Mora advierte «indicios sólidos» de que el concurso para adjudicar 171 amarres en Mahón no fue «objetivo y legal» sino que estuvo guiado por «indicaciones políticas».

Hoy, El Mundo añade que el plan de los gobernantes del PSOE balear para adjudicar el puerto de Mahón mediante un concurso presuntamente amañado se topó con un escollo inesperado. Los representantes del Estado en el Consejo de Administración del ente público portuario se negaron a votar a favor e informaron a sus superiores de la situación. Como consecuencia, y según relataron a la Fiscalía Anticorrupción, fueron presionados en las Islas para cambiar su postura, algo que finalmente se negaron a hacer.

La investigación acredita que tanto el representante de la Abogacía del Estado en el Consejo de la APB como el de Puertos del Estado y el de la Administración General estatal votaron en contra del acuerdo de Mahón propuesto por la cúpula de Puertos de Baleares, oponiéndose a la adjudicación de 170 amarres a la empresa Marina Asmen SL -la concesión que luego denunció Anticorrupción- al detectar irregularidades, añade El Mundo.