La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado hoy miércoles que el Instituto de las Mujeres -dependiente de su Ministerio- estudia una medida por la que se fijaría un perímetro de 200 metros alrededor de los establecimientos abortistas dentro del cual no se podrían ubicar entidades y asociaciones provida.
A juicio de la ministra Ana Redondo, "me parece la mejor manera de evitar el hostigamiento y la coacción de las mujeres".
Este anuncio se añade a la propuesta de Sumar, efectuada la semana pasada, mediante un proyecto de ley que modifique el Código Penal para prohibir las concentraciones dentro de ese perímetro de 200 metros.
Sin embargo, ambas propuestas atentan contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, opinión, información, manifestación y creencias.
Porque si esas concentraciones se realizan de forma silenciosa y respetuosa, no deberían ser constitutivas de ningún delito.
Ya lo demostró recientemente un juzgado de Vitoria, que absolvió a 21 provida que rezaban delante de un abortorio tras “descartar completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza” por parte de los acusados.
Por otra parte, el prohibir dar información sobre lo que es un aborto -matar a un bebé en su vientre- a las madres que se lo estén planteando podría atentar contra su derecho a recibir información veraz, siempre que se haga, insistimos, de forma respetuosa y no coactiva.
Tanto es así que, según pone de manifiesto cada año Redmadre, si se ofrece ayuda a las embarazadas que se lo están planteando, el 88% de ellas renuncia a abortar.
Porque cabe recordar lo que es un aborto, en palabras de la exenfermera abortista María del Himalaya:
