El Congreso de los Diputados ha aprobado todas las enmiendas del Senado introducidas a la Ley de Empleo, lo que supone el visto bueno definitivo a la norma para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor. Las enmiendas al texto introducidas en la Cámara Alta han sido aprobadas sin ningún voto en contra.

La ley incorpora, entre otras medidas, la devolución de la potestad a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de pronunciarse ante los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), algo pactado entre el Gobierno y EH Bildu. Además, el texto establece que el actual organismo autónomo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se transformará en la Agencia Española de Empleo. Según el Ministerio de Trabajo, este cambio mejorará la gestión y el funcionamiento del organismo y no supondrá coste económico alguno. 

La norma incorpora una reforma del Estatuto de los Trabajadores para 'blindar' la inembargabilidad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en cualquiera de sus cuantías.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que esta Ley tiene como objetivo acercar a España a los niveles de ocupación registrados en Europa: "Esa es la clave de esta norma".

Contamos en Hispanidad que el PP presentó en el Senado una enmienda en la que propone incorporar como colectivos de especial atención a los exreclusos y a las familias numerosas por tener más dificultades de acceso al mercado laboral, propuesta que no ha sido escuchada. El portavoz de Trabajo y Economía Social del GPP, Diego Movellán, ha asegurado que no apoyarán una ley que es “puro postureo legislativo del Gobierno” y cuya máxima ambición es aumentar la inserción laboral en los próximos 30 años. “Dígales a los 1.282.800 parados de larga duración tras más de un año buscando trabajo que todavía deben esperar 29 años más para conseguir un empleo”. 

Y continuaba, "no sé si algún día sabremos a qué precio paga este Gobierno los apoyos para sacar una ley como esta adelante, pero sí sabemos quién paga las facturas: las familias numerosas a quienes el PP pedía proteger como colectivo prioritario en una enmienda que ustedes rechazaron”. 

"¿En serio es tan mala idea proteger a las familias numerosas en un país con 1.157.900 hogares con todos sus miembros activos en paro, que se encuentra entre los de mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea y que lidera la pérdida de poder adquisitivo de las familias en la OCDE?"

Los populares se refieren al Capítulo V, denominado 'Colectivos de atención prioritaria para la política de empleo', artículo 50. ¿Y saben quienes sí son colectivos de atención prioritaria para el Gobierno? "Se considerarán colectivos vulnerables de atención prioritaria, a los efectos de esta ley a las personas jóvenes especialmente con baja cualificación; desempleados de larga duración; personas con discapacidad; personas con capacidad intelectual límite; personas Lgtbi (en particular trans); mayores de 45 años y personas migrantes. También incluye a mujeres con baja cualificación; mujeres víctimas de violencia de género; personas en situación de exclusión social; personas gitanas, o pertenecientes a otros grupos poblacionales étnicos o religiosos; trabajadores provenientes de sectores en reestructuración; afectados por drogodependencias y otras adicciones. 

Pero como nunca son suficientes logros para la Ministra Yolandísima, líder en desempleo, amenaza: quiere llegar a un "acuerdo tripartito" entre el Ministerio, los sindicatos y la patronal para aprobar el Estatuto del Becario, asegurando que "estos días" darán "buenas noticias" al respecto. Pueden echarse a temblar.