La degeneración de nuestro país en muchos ámbitos, sobre todo en la política, que se lleva produciendo desde hace años, tiene múltiples consecuencias. Entre ellas, están las venganzas que se practican en el seno de las Administraciones Públicas, con apariencia de ser muy ‘legales’, aunque muchas acaban en los tribunales y se ve que no lo son.

Hecho real: la exgerente de la comarca de Sobrarbe (Huesca) sufrió acoso laboral y la amortización ilegal de su plaza (ganada en un proceso selectivo) y que supuso su despido no por razones organizativas, sino de índole política. Esto pasó “tras verse frustradas las aspiraciones del presidente de la comarca y trabajador de la misma (José Manuel Bielsa) de transformar su puesto de conductor-operario en bombero funcionario”, como explicó el abogado de la exgerente, quien ha llegado a pedir a la Administración Central del Estado y al Gobierno de Aragón “el control de la legalidad de los actos llevados a cabo por los responsables políticos”.

Tras tomar posesión de su cargo, el presidente de la comarca de Sobrarbe, el socialista José Manuel Bielsa (que actualmente también es alcalde de Puértolas), fue citado a una reunión sobre las citadas aspiraciones a bombero-funcionario (que le servirían para obtener beneficios como la reducción en la edad de jubilación) en la sede de la Diputación Provincial de Huesca. Allí, la entonces gerente y el secretario interventor de la comarca manifestaron sus dudas legales existentes a la vista de una sentencia de 2018, lo que acabó originando la posterior amortización ilegal de la plaza de la gerente el 10 de febrero de 2020, el cese del secretario y un largo proceso judicial que aún no ha terminado.

Entre las sentencias, destacar que se ha declarado improcedente el despido de la gerente, con una indemnización de más de 125.000 euros a la que se ha sumado el abono de las vacaciones y del complemento de IT por su enfermedad de trabajo (32.018 euros, más un 10% de intereses de mora); y que también había conflictos previos con la vicepresidenta de la comarca, la socialista María Carmen Muro. También ha quedado constancia de cómo tras 17 años de servicios y sin constar ninguna queja ni incidente, se inicia de forma apresurada el trámite de amortización del puesto de gerente, que ocupaba una empleada pública con una larga e intachable carrera profesional en la Administración, cuya labor técnica en la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) ha generado cambios legislativos a nivel nacional, y cuya labor al frente del Geoparque mundial de la UNESCO Sobrarbe-Pirineos le ha valido el ser la primera española en ocupar uno de los 12 puestos del Consejo de Geoparques de la UNESCO. Además, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrió un expediente sancionador a la citada comarca por usar y publicar, presuntamente, datos personales de una empleada pública.