Sr. Director:
La amnistía se ha utilizado después de conflictos o períodos de represión para avanzar en la reconciliación y en la paz social. Pero pretender utilizarla en el marco de un Estado de Derecho consolidado implica dejar sin efectos las resoluciones judiciales y los actos administrativos o gubernativos. Por tanto, sería una intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial y supondría la quiebra efectiva de la separación de poderes. La presidenta de la Asociación de Fiscales confía en que Europa tome cartas en el asunto y ponga freno a esta posible ley especial. Pedro Sánchez debería ser el primero en comprender que nuestro ordenamiento debe regirse por el principio de la seguridad jurídica. Todo lo que se salga de ahí, representa una quiebra de las garantías y se convierte en un peligroso ejercicio de una política sin límites.
