En nueve ciudades españolas, la vivienda supera ya los 6.000 euros el metro cuadrado, es decir, el famoso millón de pesetas, algo reservado hace dos lustros a los pisos de superlujo en el madrileño Paseo de La Castellana o en la Diagonal barcelonesa. Una sociedad de tasación, Tecnitasa, lo certifica, y enumera las villas prohibitivas. A saber: Madrid. Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Marbella, Santander, Sevilla, Oviedo y Zaragoza.
A 1 millón de pesetas el metro cuadrado, y con los tipos de interés al alza aunque partan de mínimos históricos- y con un salario mínimo de 549 euros brutos al mes euros al mes, se producen los siguientes resultados: los jóvenes no pueden comprar un piso, ergo no pueden casarse. Si se casan, tendrán que trabajar los dos y apenas podrán adquirir un cuchitril. Ergo, es posible que se casen, pero que no tengan hijos. Los que compran los pisos serán aquellos que quieran colocar su ahorro, no aquellos que los necesiten apara vivir. Por último, y dado el envejecimiento de la población, la crisis llegará cuando no se puedan pagar las pensiones. En el entretanto, las cuotas sociales y oros impuestos que gravan el empleo no podrán hacer otra cosa que aumentar, con lo que el paro está llamado a subir y los salarios a mantener a duras penas el poder adquisitivo. Como efecto colateral, la economía sumergida, especialmente entre inmigrantes, subirá.
Llevamos un cuarto de siglo intentando romper este círculo vicioso con la receta de abaratar el suelo o ampliar la oferta de pisos. Han sido 25 años de fracaso absoluto, con una demanda siempre creciente, especialmente de los precitados que prefieren invertir en ladrillo antes que invertir en bolsa, para rentabilizar sus ahorros. Así que, por aquello del movimiento pendular, convendría darle una oportunidad a la vivienda pública, de protección oficial, de precio tasado o como se la quiera denominar. La vivienda pública, en cualquiera de sus modalidades, no es más que una subvención pública, sólo que no e como la empresa pública, sino que se está financiando, con cargo al presupuesto, un bien de primera necesidad que, además, moviliza tras de sí a todo una pléyade de sectores económicos complementarios, además de proporcionar empleo donde más se necesita: en jóvenes sin estudios universitarios.
Naturalmente, la vivienda pública exige subvención y una más fácil expropiación forzosa del suelo. Ya hemos dicho que el modelo progresista, por ejemplo el del Gobierno español, consiste en expropiar a los padres su libertad para educar a los niños como mejor les convenga, pero no se atreve a expropiar el suelo un bien poco ideológico, pero muy dado a ser empleado como instrumento de corrupción- a unos propietarios avariciosos que están situando al límite de la pobreza a los jóvenes que se independizan o a cualquiera que necesite un techo para vivir.
En pocas palabras, en materia de vivienda el modelo liberal, tan útil en otras esferas, ha fracasado. A lo mejor tenemos que probar algo nuevo : por ejemplo el modelo estatista de vivienda subvencionada. Sería desde luego, una buena noticia para la Familia. Eso sí, que no se entere el muy progresista Gobierno español. Debe hacerlo para ganar votos entre su electorado juvenil, no para beneficiar a la familia: ¡Eso sería horrible!
Eulogio López
