El asunto venía de Bruselas, bien trabajado y ordenadito, señalan desde Génova. La directiva comunitaria sobre el servicio de auditoría estaba bastante clara. Se trataba de regular la responsabilidad de los auditores y la separación de actividades con otros servicios profesionales. En el fondo, el problema de las cuatro grandes de ofertar servicios de auditoría y al mismo tiempo servicios jurídicos y fiscales. Obviamente existe complementariedad. Pero la independencia del auditor queda tocada.
Así que la directiva reclama una mayor separación. El PSOE lo ha boicoteado. El tema es difícil. Porque en realidad lo que ya han empezado a hacer muchos de los grandes despachos es cambiar la marca. Incluso en algunos casos se trata de entidades jurídicamente diferentes. Pero son lo mismo. Y cuando hay marca diferente y diferente personalidad jurídica, no es tan fácil meter el bisturí.
En todo caso, lo que se preveía como una tramitación tranquila se ha convertido en la madre de todas las batallas. ¿Razón? El PSOE no es partidario de una mayor separación de actividades como reclamaban los populares.
