Y esto está pero que muy que requetebién. A fin de cuentas, la ministra del ramo, Maria José San Segundo, ha sido puesta en el cargo por el ínclito supercomisario Gregorio Peces Barba ya conocido como Maxwell Smart, el Superagente 86- para derruir lo realizado por el Partido Popular que, dicho sea de paso, tampoco era para tirar cohetes.
En definitiva, los firmantes le recuerdan al Gobierno Zapatero que no ha negociado con el sector (bueno sí, ha negociado con los funcionarios de la enseñanza pública- y por eso le dicen, por escrito, que la libertad de enseñanza consiste en eso : que los padres son los que eligen. Por tanto, bienvenido sea el documento.
Ahora bien, otra vez volvemos a caer en el peligro de siempre: identificar al Cristianismo con la derecha política. Aunque en el documento no se entre en la financiación de la enseñanza (ese pequeño detalle al que dedicamos tantos desvelos), la propia presencia de las patronales -la civil y la eclesiástica- resulta cuando menos peligrosa. A ver si nos entendemos: el sujeto del derecho a la educación son los padres, no los colegios, ni los profesores: sólo los padres. Y los enemigos de esa libertad son el Estado, que quiere enseñanza de funcionarios, y las patronales privadas, que quieren hacer un negocio. Dicho de otra forma: ni la enseñanza pública ni los patronos de la enseñanza, aunque las órdenes religiosas, son prototipos de la libertad de los padres. Es más, son sus adversarios. El único sistema refinanciación que respeta la libertad de enseñanza es el cheque o bono escolar. Es decir, el sistema que más temen tanto los socialistas, que quieren una ecuación teledirigida, como los patronos de la enseñanza, al que el Estado tiene bien cogido por sus partes (perdónenme la muy norteamericana expresión) gracias a los famosos conciertos. Por tanto, quizás convendría que las patronales no firmaran nada. Los padres tienen que luchar por sus hijos, por el bono escolar, no por las patronales ni por los funcionarios.
Eulogio López