¿Entonces se cerrarán todas las televisiones autonómicas?

Sin embargo, los políticos pretenden mantenerlas a toda costa para seguir perpetuándose en el poder, aunque ello suponga dilapidar ingentes cantidades de dinero de los ciudadanos con el consiguiente endeudamiento de las distintas regiones.

En este asunto apenas hay diferencias entre los distintos grupos políticos porque nadie quiere privarse de la propaganda partidista, so capa de un pretendido y falso servicio público. Los medios de comunicación públicos siempre favorecen los intereses del partido gobernante, que son quienes los manejan, vulnerando la objetividad informativa, la independencia política, y con ello la libertad de expresión, uno de los pilares de la democracia.

En nuestra comunidad andaluza el setenta por ciento de las radios tienen carácter publico, y del  treinta por ciento restante, de naturaleza privada, más de la mitad está en manos de un poder fáctico fácilmente reconocible, cuyas afinidades ideológicas no admiten dudas. En nuestra televisión autonómica es llamativo que a los hechos que perjudican o erosionan la imagen del gobierno de la Comunidad, se les aplica la omertá, o sencillamente se manipulan. Para muchos andaluces, sobre todo en zonas rurales, el único contacto informativo es a través de este medio, más asequible que la lectura reflexiva de periódicos con sentido crítico, lo que nos da una idea del grado de manipulación goebbelliana de que son objeto, y de ahí que se explique porqué se mantiene durante más de tres décadas el régimen político actual, que pretende hacernos vivir en una realidad virtual, ajena a la corrupción política.

A su vez, en la concesión de licencias opera el principio del amiguismo, y se otorgan a quienes presentan afinidades políticas, cercenando y controlando la libertad de expresión, con un sistema intervencionista. Ninguna Comunidad va a querer desprenderse de su juguete ideológico preferido. Los nacionalistas de Cataluña, País Vasco, Galicia o Valencia para preservar el factor cultural y lingüístico como elemento político de diferenciación. Sólo las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha han hecho un gesto para su privatización.

Aspecto de por sí complicado, que una empresa pueda hacerse cargo de un negocio apenas rentable. Sólo hace falta examinar las cuentas de Onda Jaén para constatar que no es viable, salvo con una drástica reducción del personal. Esta puede ser la ocasión para que muchos medios de comunicación públicos se privaticen, se tornen viables, y se les preserve de la tentación de una información partidista, sectaria y poco crítica e independiente con el poder político.