Si Juan Carlos I se niega firmar la ley del aborto las opciones son dos: o la muerte o la resurrección de la Monarquía. Cualquiera de las dos es mejor que la actual agonía permanente de la Institución. Y si firma, está claro que al Monarca debe negársele la comunión
¿Hubiese sancionado el Rey una Constitución republicana? ¿Sancionaría Su Majestad la ley de secesión de Euskadi? ¿Nombraría sucesor al trono de España a Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú?
En las tres ocasiones se rompe el automatismo de la sanción regia. Para los amantes del automatismo signado del Jefe del Estado. La progresía parece entusiasmada con un monarca-Montblanc pero, para eso, nos saldría más barato, y más automático, prescindir de la monarquía y quedarnos con la pluma.
No, se supone que el Rey autoriza lo que firma, aunque no lo elabore y tenga limitada, limitadísima, si se prefiere, su capacidad para modificar un texto elaborado por los representantes del pueblo. Ahora bien, tanto los diputados como su Majestad responden a la moral objetiva, que unos llamamos ley natural y la progresía, que no acepta ningún tipo de verdad, prefiere denominar preceptos democráticos aprobados. La Constitución habla del derecho a la vida pero como los textos están para ser violados, muchos gobernantes la metafísica ministra de cultura González-Sinde, por ejemplo- consideran que sic- la ley del aborto es garantista con el nasciturus, raseque terminó por romper mis ya de por sí débiles esquemas cartesianos.
Ocurre que el aborto alude a ese derecho la vida sin el cual, sencillamente no hay derecho alguno, porque es previo y prioritario a todos los demás. Lo cual le otorga una relevancia y una enjundia que, aún más que en los tres ejemplos del comienzo. Pueden y deben- llevar a un monarca a romper la baraja. ¿Crisis institucional? Probablemente, pero el niño asesinado sufre una crisis mucho más grave que la institucional: sufre una crisis letal. Y más: la mujer que aborta va a sufrir una crisis anímica y psíquica que sólo la puede convertir en desesperada o en zombi (o en ambas cosas a la vez). Y aún más: la perversión social que introduce la consideración del aborto como un derecho bien merece una crisis institucional. Y por último: hay una institución no es la única, lo se- que ya está en crisis en España: la monarquía borbónica. Buena parte del pueblo español anda aquejado de desafección a la monarquía porque no encuentra en la milenaria institución el
Único raso del que no puede prescindir. Ser un modelo de comportamiento moral para el pueblo, una referencia de conducta, algo que se valora más en tiempos de relativismo.
Sí, el aborto es una realidad tan grave, que su Majestad, si es cristiano y si es humano, debe negarse a firmar la ley, debe dar testimonio aunque ello le acarreara la mismísima pérdida del Trono. Y todo ello como fiel cristiano y como ser humano, al que está exigido no negar a Dios delante de los hombres.
O, por lo menos, dar testimonio de su oposición al sacrificio del inocente con una triquiñuela legal estilo Balduino de Bélgica. Porque todo se le puede perdonar al hombre frente a la injusticia menos el silencio.
Luego está lo de si a Su Majestad para ser republicanos, los españoles no hacemos otra cosa que darle vueltas a la cosa regia- hay que negarle la comunión al Monarca de la misma forma que hay que negarle el acceso a la eucaristía al político que vota a favor de una ley de aborto (o al que la apoya, y en este caso no hablaríamos de los diputados del PSOE sino también de la mayoría del PP, por ejemplo, don Mariano Rajoy).
En Hispanidad forma parte del ideario del medio, que no es otra cosa que el dogma cristiano- tenemos como norma no criticar a los obispos. La crítica a los sucesores de los apóstoles no es dogma de fé pero con ello intentamos compensar los aldabonazos que le arrean otros, también en el seno del Cristianismo, y las memeces de Pepe Bono, reconocido seguidor de Cristo pero no del obispo Martínez Camino que, como es sabido, está por debajo de él en el escalafón jerárquico del Reino de Cristo en la tierra.
El pasado viernes, el aguerrido comecuras Juan Bedoya (se ruega no hacer rimas fáciles con su apellido), del diario El País, arremetía contra el portavoz de la Conferencia Episcopal española, quien, cuestionado acerca de si debía negársele la comunión al Rey si firmaba el texto Aído, concluyó que no son posibles los principios generales para una situación única. Se refería con ello al hecho de que sólo hay un español que sancione leyes: el Rey. Pues monseñor, sea permitido a este hombre pequeño -El Ulogio- rectifique, sólo una vez, a un hombre grande, a un obispo de la Iglesia. No monseñor: las normas generales se aplican a los particulares, independientemente de su condición, aunque puedan variar según las condiciones, no según la condición del individuo.
Además, es cierto, Monseñor Camino, que un diputado, que representa un programa y vive en el mundo de las ideologías, tiene más libertad para defender la vida o para justificar el homicidio de inocentes. Podríamos decir que el trabajo de un político consiste en opinar, en hacer juicios, casi siempre morales, no técnicos. pero también lo es que es mayor la autoridad del jefe del Estado. Por tanto, a mayor responsabilidad, mayor severidad, no menos. Personalmente, creo que sí se debería negar la comunión al monarca, porque la coherencia es deber tanto del villano como del señor. Y cuanto más Señor, más coherencia.
Majestad: no firme, niéguese a convertirse en un Rey-Montblanc. De ahí resultará, o bien la muerte o bien la resurrección de la Monarquía. Cualquiera de las dos opciones son mejores que la agonía permanente que en el siglo XXI vive la institución a la que ha dedicado su vida. Firmo usted en el año 85 y, desde entonces,
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com
