Pedagogía. Eso es lo que ha tratado de hacer la vicepresidenta De la Vega. A pesar de que Defensa envió este jueves dos comunicados contradictorios, De la Vega insiste en que el Gobierno está coordinado y que no hay debate. Según su versión, la normalidad consiste en que la armada detiene a los dos piratas en flagrante delito, informa al Gobierno, el Gobierno ordena a la Abogacía del Estado que se persone ante el juzgado y los jueces reclaman a los piratas para juzgarlos. Como se está haciendo en Francia sin que se arme todo este revuelo.
Sin embargo, hay matices. Primero: Inteligencia desaconsejaba enviar a los piratas a España. La propia ley señala que si el Estado no quiere o no puede juzgarlos, sean remitidos a un tercer país. Es decir, kenia. Es una puerta abierta muy común en el derecho internacional. Además, la fiscalía desaconsejaba también el traslado a España por encontrarse en aguas externas a los perímetros de seguridad marcados por la Operación Atalanta. Es una cuestión de un acuerdo privado, explica De la Vega. En su versión, la fiscalía calificó los hechos. Eso sí, después de la personación de la Abogacía del Estado.
Y sobre todo, siguiendo la lógica de la Ley De la Vega, ¿no cabe otra posibilidad de que los piratas sean juzgados en España? De la Vega prefiere no contestar. Serán los jueces los que resuelvan. Son los jueces, los fiscales y no los abogados los que deberán de dar curso a ese proceso. Curioso que haya metido en el mismo paquete a los abogados cuando se rumorea que el abogado de los piratas ha sido nombrado por el CNI
En todo caso, patata caliente a los órganos jurisdiccionales. Y más: tanto insistir en la ley, ¿es que cabe dentro de la ley la posibilidad del pago del rescate? El presidente cántabro Revilla señalaba esta semana que no cabía otra opción.
De la Vega estaba ahogada por las circunstancias. Pero lanza un órdago: Soy la presidenta de la comisión de coordinación y aseguro que no ha habido debate, que el traslado a Kenia nunca se planteó, que no ha habido fisuras y que hemos actuado como correspondía, de acuerdo a la ley como no podía ser de otra manera. Incluso después ha asegurado que de no haberlo hecho así, podría haber sido acusada de prevaricación y ser ella quien fuera a la cárcel.
Lo que tiene claro es que el asunto desgasta al Gobierno y a ella en lo personal. De ahí el órdago a la grande. Y también una petición a los medios: cada línea publicada complica la situación. Y eleva el rescate.
