Sus inquiokupas se han declarado vulnerables para parar el proceso de lanzamiento
Decíamos en Hispanidad que deberían ser los Servicios Sociales y las Administraciones Públicas los que se hicieran cargo de buscar una alternativa habitacional a los supuestos vulnerables, pero la realidad es que con el Real Decreto 11/2020 dejan a los propietarios con la carga de proteger al supuesto vulnerable, lo que provoca que sean ellos los que acaben en situación de vulnerabilidad real.
Es el caso de Itziar, madre soltera, tiene tres hijos de 7, 15 y 18 años. Tiene un piso en propiedad en el que no puede vivir porque mantiene a sus inquiokupas en él, una familia marroquí "con empresas" y que "era perfectamente solvente". Mientras espera a que le devuelvan su casa tiene que vivir en casa de sus padres, jubilados: "Los adolescentes duermen con sus abuelos y el pequeño, conmigo. Me deben 20.000 euros y ya no puedo más. Estoy en tratamiento por depresión y también para poder dormir".
Su piso es dos habitaciones y está en Alcobendas, lo puso en alquiler por 875 euros para poder alquilar ella otro piso en el que vivir con su pareja y sus tres hijos. Apareció la familia marroquí y ella comprobó que tenían ingresos para hacer frente a la renta: "Comprobé toda la documentación, vi que tenían empresas y unos ingresos más que de sobra y, por tanto, confié en ellos".
Y así fue, no tuvo problemas hasta que les comunicó que tenían que abandonar el piso: "En junio de 2022, lo dejé con mi pareja y les informé de que, en septiembre, que era cuando se acababa el contrato, no les podría renovar porque necesitaba recuperarlo para irme a vivir allí con mis tres hijos, porque yo sola no podía hacer frente al alquiler de 1.000 euros de la otra casa".
"No solo me dijeron que no se iban a ir, sino que, además, dejaron de pagarme". Puso el caso en manos de sus abogados, "Gasté todos mis ahorros en ir pagando mes a mes, hasta que llegó un momento en el que vi que con mi sueldo era imposible hacer frente al alquiler y mantenernos a los cuatro, así que nos tuvimos que venir a casa de mis padres".
Y así lleva dos años. En marzo del año pasado el juez le dio la razón y ordenó el lanzamiento, pero como siempre ocurre, los inquiokupas alegaron vulnerabilidad, y se paralizó el proceso, "Y así seguimos a día de hoy".
"Me deben 20.000 euros y yo tengo que pagar la comunidad, el IBI, los seguros y mantener a mis tres hijos. Mis padres, que ya tienen más de 70 años, nos ayudan como pueden, pero esto nos está afectando a todos tanto económica como psicológicamente".
Itziar, como tantos otros propietarios que pasan por esta situación, reclaman al Gobierno: "Están utilizando a los pequeños propietarios como escudo social. Y yo no sé si son vulnerables o no. Solo sé que eran solventes y que siempre me pagaron bien hasta que les dije que se tenían que ir, pero, en todo caso, no me corresponde a mí decidirlo. Si creen que lo son, que les proporcionen una vivienda, pero lo que no puede ser es que nos obliguen a nosotros a mantenerlos porque no somos millonarios y ya bastante tenemos con sacar adelante a nuestras familias".
