Lo peor del canon digital es que es un impuesto y los impuestos, salvo los finalistas, y muy finalistas, son muy impuestos, como su mismo nombre indica, porque en ellos pagan justos por pecadores.

Todo nuevo impuesto supone un atentado con la propiedad privada y contra la libertad. El perverso juego fiscal consiste en lo siguientes: yo, gobierno, te exijo más impuestos para poder venderte más prestaciones públicas: te las vendo a cambio de tu voto y tú nunca podrás fiscalizar el uso correcto que hago de tu dinero pero los impuestos te los impongo.

Por tanto, todo impuesto, en sí mismo, es malo. Los gravámenes sólo pueden aceptarse con mal menor y, a ser posible, transitorio.

Y ahora vamos con el canon. El canon digital es un mal menor rigurosamente recaudado y espantosamente repartido, sobre todo porque en el reparto se ha introducido el privilegio de las esgaes. Nunca mejor dicho porque se trata de un privilegio, es decir, de una ley privada. Es la SGAE y otras instituciones gemelas las que reparten el dinero recaudado por el canon digital como les viene en gana y con un coste fijo al usuario: es decir, independientemente de los artistas a los que representa cada intermediario, perdón, cada entidad de gestión de derechos de autor.

Insisto: injusta distribución e injusta recaudación, por cuanto a un canal de TV, por poner un ejemplo, se le impone un pago según facturación independientemente de cuánto haya utilizado el copyright e independientemente de que la sgae de turno represente o no al creador.

En todo caso, los intermediarios de derechos de autor deberían desaparecer y su tarea ser realizada por el Estado. Dejar en manos privadas este asunto es como constituir en juez de un homicidio al abogado del asesinado.

De hecho, la única defensa del canon digital era justamente ésa: elevar a pública la gestión privada de los derechos de autor. Ahora bien, si cuando Europa dice que ese nuevo  impuesto, el canon, es injusto, y el Gobierno, es decir, la sectaria ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, asegura que se va a manipular la sentencia, entonces al privilegio de las sgaes estamos uniendo la arbitrariedad de un sector público que se burla del poder judicial. 

Probablemente, esta es la explicación de por qué Zapatero, en su reciente remodelación del Ejecutivo, decidió ratificar en el cargo a González-Sinde, un personaje al que poco le importa reírse de las sentencias a través de la inmunidad que le otorga el poder.

Por lo demás, todo está en orden.

Eulogio López

eulogio@hispanidad.com