Ha sido un varapalo importante para el Govern. ERC y JxCat confiaban en que, al menos, los comunes y la CUP se abstuvieran este miércoles para luego modificar la norma con un proyecto de ley pero, al final, los 69 ‘noes’ han podido a los 64 ‘síes’. “Si tumban el decreto se ponen al lado del Banco de España, del PSC y del PP”, les ha recriminado la consellera de Justicia, Ester Capella. Ni caso. Susanna Segovia (Catalunya en Comú-Podem), le ha respondido que las medidas incluidas en el decreto “no sirven”. Además, le ha pedido que logre un consenso entre las entidades y los partidos, como ocurrió con la ley contra la pobreza energética, en 2015. Ahora resulta que los moderados son los comunes.

Sea como fuere, el decreto ley, ahora derogado, llegó a este miércoles con el informe negativo -no vinculante- del Consell de Garanties Estatutàries (CGE): la norma invadía las competencias del Estado y contravenía algunos artículos del Estatut y de la Constitución española.

Así y todo, la izquierda no cesará en su empeño de limitar -si lo prefieren, de intervenir- el precio del alquiler residencial. Es su nuevo mantra y no lo abandonará tan rápidamente. Tiempo al tiempo. En cualquier caso y a tenor de lo sucedido el martes, lo cierto es que el Govern y el Parlament dan la sensación de ser una jaula de grillos. Y es que el rechazo de este miércoles se suma al rifi rafe del martes con motivo del intento de recuperar la DIU de 2017. Era una iniciativa legislativa popular que el president Torra apoyó pero que no pasó a mayores por el rechazo de ERC.