- El regulador publica un informe sobre el borrador de tarifas del Gobierno para las entidades de gestión de derechos de autor.
- Considera que no da "una respuesta satisfactoria a los problemas": no previene conductas anticompetitivas ni ofrece mayor claridad.
- Recomienda más desarrollo del régimen transitorio (plazo para aprobar nuevas tarifas) con un mayor control, que evite incrementos abusivos.
- Critica que no incluye las consecuencias que implicaría no cumplir la determinación de las tarifas generales.
En España, hablar de la legislación de la
propiedad intelectual supone meternos en un jardín, cuyo cuidado es bastante delicado, pues hablamos nada más y nada menos que del complejo mundo de los derechos de autor. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (
CNMC) no se ha quedado con los brazos cruzados, pues quiere acabar con el 'chollo' de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y compañía.
Tras la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), el Gobierno remitió a Competencia un borrador de Orden Ministerial que determina las
tarifas de las
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (EGDPI). En España, hay ocho aprobadas, aunque la más famosa, sobre todo por sus escándalos, es la
SGAE.
Las otras siete son: Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP).
Pues bien, ahora el regulador ha publicado un
informe sobre el citado borrador. Considera que
no da "una respuesta satisfactoria a los problemas": no previene conductas anticompetitivas ni da mayor claridad. Y es que, conoce bien a las EGDPI, que observan los acontecimientos desde una posición monopolística. Además, señala que presenta relevantes "carencias" e "incoherencias".
Entre otros aspectos, la CNMC recomienda que las nuevas tarifas prevengan conductas anticompetitivas y den mayor claridad. Unas tarifas orientadas al uso efectivo del repertorio y al valor económico del servicio prestado, incluyendo no sólo las tarifas generales, sino también las condiciones particulares. Y todo ello, de forma eficiente, no discriminando a los usuarios y con una actuación transparente.
El regulador recomienda que el Gobierno desarrolle más el régimen transitorio, es decir, el plazo de seis meses para aprobar las nuevas tarifas. Pero no le vale de cualquier forma, lo mejor es hacerlo con un mayor control, que evite incrementos abusivos.
Otra de las críticas que hace la CNMC es que el borrador no incluye las consecuencias que implicarían no cumplir la determinación de las tarifas generales. Y es que entre las entidades de derechos de propiedad intelectual lo de cumplir se puede cuestionar.
Uno de los pocos puntos positivos que destaca Competencia es que prohíba a las EGDPI actualizar las tarifas en función de los precios o los índices de precios.
Ahora la pelota pasa al tejado del Gobierno, a ver si tiene en cuenta al regulador y para un poco el poder que acumula la SGAE y compañía, que llevan años enriqueciéndose a costa de los derechos de autor.
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com
