La buena noticia es que, en su último informe sobre España, la OCDE ha mejorado las previsiones sobre nuestra economía, que crecerá un 5,9% del PIB este año y un 6,3% en 2022, frente al 5,7% y al 4,8% anterior, respectivamente. Una buena noticia, aunque sólo relativa, si tenemos en cuenta que venimos de un desplome del 11% en 2020.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, que dejará la organización el próximo 1 de junio, después de 15 años en el cargo, rechazó este jueves subir impuestos, tal y como planea el Gobierno, porque podrían hacer “descarrilar” la recuperación. Una vez consolidada la recuperación, la OCDE admite que el Gobierno deberá subir, por ejemplo, el IVA, el impuesto a los carburantes o eliminar la declaración conjunta del IRPF.

El organismo internacional también ha reconocido, y esto lo suele silenciar el Gobierno, la necesidad de analizar el gasto público y no precisamente para aumentarlo, sino para recortar aquellos que no resulten imprescindibles.

En cualquier caso, habrá que aumentar la recaudación para hacer frente a una deuda pública disparada, que podría alcanzar el 171% del PIB en 30 años si no se controla, por ejemplo, el gasto en pensiones, que actualmente es de más de 10.154 millones de euros mensuales, por catorce pagas. Y subiendo.

Precisamente por eso, Gurría ha instado al Ejecutivo a retrasar la edad de jubilación, algo a lo que el ministro José Luis Escrivá no se atreve.

Y la otra pata de la recuperación incluye la no derogación de la reforma laboral del PP, como pretende la vicepresidenta Yolanda Díaz, empeñada en volver al modelo anterior.