En el tercer día del juicio del procés, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, líder junto con el fugado Carles Puigdemont del intento separatista, ha abierto el turno de los interrogatorios a los acusados. Lo ha hecho aclarando que testificará en castellano, aunque el juez Manuel Marchena le había permitido expresarse en catalán. "Para mí es un placer hablar en castellano porque así me podré dirigir al conjunto de la ciudadanía española, después de año y medio sin poder expresarme", ha explicado.

El líder de ERC está acusado de rebelión y malversación. La Fiscalía solicita para él 25 años de prisión y la Abogacía del Estado, 12.

"Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Me considero un preso político", ha respondido a su abogado. "Nada de lo que hemos hecho es delito. Votar en un referéndum no es delito, trabajar de manera pacífica no es delito. De los delitos que se nos quieren atribuir, no hemos hecho ni uno". "Votar no es un delito, impedirlo por la fuerza, sí", ha añadido Junqueras, que solo ha respondido a la defensa.

"He dicho que amo a España muchas veces. En el Parlament y fuera. Porque es verdad", ha asegurado Junqueras

"He dicho que amo a España muchas veces. En el Parlament y fuera. Porque es verdad. ¿Cómo es compatible con que sea republicano catalán? Porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar la convivencia es en un reconocimiento entre iguales", ha añadido. "La independencia de Cataluña no solo es legítima. ¿Dónde está prohibido? No está en ninguna parte". "El bloque constitucional debe asumir el derecho de autodeterminación. La Constitución se obliga a incorporar los tratados internacionales".

Junqueras considera que la sentencia del Constitucional sobre el Estatut de 2006, en el que el tribunal eliminó 14 de sus artículos, "marcó un punto de inflexión" que hizo que muchos en Cataluña asumieran las tesis independentistas. Ante este "cambio", se hace "mayoritaria", según Junqueras, una propuesta para celebrar una consulta, que acaba fraguando en la del 9 de noviembre de 2014. "A nadie se le ocurrió entonces decir que formaba parte de una sublevación", ha señalado el exvicepresident.

Las elecciones autonómicas de 2015 consagran la mayoría independentista. El programa de ERC incluía el compromiso de celebrar un referéndum. "Era un programa conocido, con una mayoría electoral amplia", ha dicho Junqueras. Seguidamente, el Parlament aprobó la celebración de un referéndum en octubre de 2016. "¿Qué íbamos a hacer? Pues intentar cumplir el mandato democrático", ha justificado el dirigente de ERC.

"No es delito promover, trabajar por la independencia de Cataluña, pacíficamente". "Que haya dirigentes políticos que quieren incluir esto en el Código Penal demuestra que no es delito”, ha añadido Junqueras.

Estábamos convencidos de que hay una base legal para convocar este referéndum y de que la convocatoria de una consulta no es delito, ha dicho Forn

Posteriormente ha declarado el exconseller de Interior Joaquim Forn: "A partir de la suspensión [del referéndum], en cuanto al mandato del Constitucional, no tengo conciencia de haber hecho ningún acto de promoción del referéndum desde el punto de vista ejecutivo, otra cosa es desde el punto de vista político". "Di cumplimiento a todas las instrucciones de la Fiscalía y de la magistrada [Mercedes] Armas [del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña]". 

"Yo distingo dos cosas: mi compromiso político, que siempre ha sido que se hiciera el referéndum, y lo diferenciaba muy claramente de mis competencias como conseller y que los Mossos cumplieran las órdenes judiciales”, ha añadido Forn. "Me expreso políticamente a favor del referéndum, no permito ninguna acción desde mi departamento a favor del referéndum".

Sobre el requerimiento que declaraba ilegal el referéndum, que fue recibido por el propio Forn, ha apuntado: "Todos éramos conscientes y adquirimos el compromiso político de hacer cada uno su tarea (...) Estábamos convencidos de que hay una base legal para convocar este referéndum, y de que la convocatoria de una consulta no es delito".  

Por otra parte, el presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena, ha anunciado que los acusados seguirán en prisión preventiva mientras dure el juicio y ha confirmado que no permitirá que Carles Puigdemont declare como testigo por videoconferencia. Quien sí declarará será el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, aceptando así la petición realizada por Javier Melero, abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn.