Primero contextualicemos el 'Caso Dina'. Dina Bousselham (Tánger, 27 de julio de 1990) es una politóloga marroquí residente en España, que fue asesora del exvicepresidente del Gobierno, el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, en el Parlamento Europeo. El dato clave son las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo, que explica el inicio del caso en la presunta relación sentimental de Dina y Pablo, cortada abruptamente cuando el vicepresidente del Gobierno se negó a convertirse en el esposo, o pareja estable, de Dina. Siempre según Villarejo, Bousselham habría proyectado chantajear a Iglesias con el contenido de su tarjeta móvil.

En concreto, Villarejo aseguró en sede judicial que los mensajes sobre el chat de Podemos publicados en Okdiario salieron a la luz porque el líder de la formación morada prometió casarse con Bousselham y no lo hizo. Por ello, asegura Villarejo, ella estaba "muy despechada" y quería demostrar que Iglesias "es un machista", según publicó Libertad Digital.

En noviembre de 2015, Dina Bousselham sufrió el robo de su teléfono móvil, suceso que denunció a la policía. En 2019, tras la detención del comisario Villarejo, se supo que este poseía imágenes provenientes de la tarjeta del móvil sustraído. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón abrió una pieza secreta en marzo de 2019 para investigar si el comisario había estado espiando y conspirando contra Podemos. Pablo Iglesias se presentó como perjudicado, pero durante la investigación se supo que el periodista Antonio Asensio había dado a Iglesias la tarjeta del móvil robado y que éste la había tenido en su poder durante año y medio sin comunicarlo a la afectada. ​Bousselham se contradijo en cuanto al estado de la tarjeta, declarando primero que le llegó inutilizada y luego que le llegó en buen estado pero se estropeó después, recuerda Wikipedia.

El juez García-Castellón consideró, indiciaria y provisionalmente, que Pablo Iglesias había cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos; otro de daños informáticos; y otro de acusación y denuncia falsa, en relación con el robo del móvil de Bousselham, en noviembre de 2015 y hechos posteriores relacionados con el mismo. Y, al estar Iglesias aforado, elevó el caso al Supremo.

Pero el pasado 27 de enero de 2021, el Tribunal Supremo rechazó imputar a Pablo Iglesias y devolvió el Caso Dina al juez García Castellón para que este agote la investigación y, en su caso, cuando lo haya realizado, decida si procede remitir una nueva exposición razonada contra el aforado al máximo tribunal.

Tras esa decisión del Supremo, el juez García-Castellón decidió el pasado 8 de febrero reactivar el Caso Dina para agotar la investigación. Y en una providencia, el instructor solicitó un nuevo informe a la Policía Científica sobre la tarjeta del móvil de Bousselham.

Bousselham recurrió la decisión del juez García-Castellón porque entendía que es una diligencia de prueba "innecesaria e inútil" y que hay un interés "desmedido y no disimulado" del juez en atribuir un delito de daños informáticos al líder de Podemos. Bousselham aseguraba que nunca ha denunciado a Iglesias y que aceptó que accediese al contenido de su tarjeta porque gran parte "procedía de su trabajo en la organización y dada la confianza" que los unía, además de que en el teléfono guardaba "fotografías e información personal e incluso bancaria" del exvicepresidente.

El magistrado García Castellón destaca que la decisión de Iglesias de devolver “inservible” la tarjeta a su exasesora evidencia que el exlíder de Podemos “sabía que las imágenes [pantallazos] que aparecían publicadas” en la prensa digital “las envió la señora Bousselham

Pues bien: lo último en relación a este caso es que el juez García-Castellón ha dictado un auto en el que sostiene que Pablo Iglesias “guardó en su poder” la tarjeta de Bousselham “durante un periodo de tiempo que no ha sido posible concretar”. Y fue en este tiempo, prosigue el juez, “cuando habría podido cometerse el delito investigado [daños informáticos] sospechándose que, en un momento dado, el señor Iglesias, con ánimo de dejar la tarjeta inservible para su destino natural, procedió a inutilizar el dispositivo, impidiendo con ello tanto el almacenamiento de información, como la posibilidad de acceder y recuperar los datos allí guardados”, completa la resolución, recoge La Razón.

En el auto, el magistrado García-Castellón destaca que la decisión de Iglesias de devolver “inservible” la tarjeta a su exasesora evidencia que el exlíder de Podemos “sabía que las imágenes [pantallazos] que aparecían publicadas” en la prensa digital “las envió la señora Bousselham”, añade La Razón.

El auto, que rechaza el recurso de reforma que interpuso el abogado de Bousselham contra la decisión del juez de pedir a la Policía que investigue cómo se destruyó la tarjeta, asegura que la diligencia “es pertinente”, y no solo porque con ella se ejecuta una decisión del Tribunal Supremo, “sino porque objetivamente guarda una conexión con el fin del procedimiento, y sirve para el esclarecimiento de los hechos investigados, en particular, si la tarjeta sufrió daños, en qué pudieron consistir estos, en qué momento se causaron, quien los pudo producir, etc”, añade La Razón.