Este lunes, Gobierno y PP han acercado posiciones, tras la videoconferencia entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Y es que la mesa que pretendía el presidente del Ejecutivo será sustituida por una nueva comisión parlamentaria en el Congreso, donde se negociarán las medidas de reconstrucción y a la que podría sumarse Vox.

El líder del PP ha destacado que dicha comisión se debería abrir a agentes sociales y expertos. Ve “imprescindible” que allí se plantee una bajada generalizada de impuestos y “planes de choque para comercio, turismo, industria y sector exportador”. A la primera cita de dicha comisión acudiría Sánchez y sus cuatro vicepresidentes (Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera) y tras las reuniones de mayo, se prevé que pueda haber un dictamen final el 1 de junio. Pero lo primero es crear dicha comisión.

Casado ve “imprescindible” que en la nueva comisión se plantee una bajada generalizada de impuestos y planes de choque

Paralelamente, Casado ha puesto una serie de exigencias a cambio de aprobar la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo (algo que se votará el miércoles en el Congreso). En concreto tres: “garantizar material sanitario de forma urgente y test masivos”; un paquete de medidas extraordinarias para apoyar a autónomos, pymes y trabajadores afectados por los ERTE; y “que se rehabilite el portal de transparencia” y se garantice la “neutralidad” de TVE y de los Cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho, el líder del PP ha señalado que no pone en duda el trabajo de la Guardia Civil, pero sí que las declaraciones del general José Manuel Santiago fueran un “lapsus” como dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha pedido que este último y Sánchez den explicaciones en el Congreso sobre las limitaciones a la libertad de información.

Tras la videoconferencia con Casado, el presidente del Gobierno ha tenido otra con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que también ha acabado con buena sintonía. Y es que se ha acordado estudiar la inversión de unos 10.000 millones de superávit y remanentes locales en la reconstrucción social y económica de municipios: en concreto, 3.830 millones de sus superávits y unos 7.000 millones de los remanentes. Eso sí, para poder usar dicho dinero, habrá que reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La próxima semana, Caballero se reunirá con Ribera, que ha estado bastante desaparecida en toda la crisis del coronavirus (salvo por pequeños alegatos ecologistas para que Europa lance ya el Pacto Verde) y que coordinará, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el proceso de retirada del confinamiento.