La Iglesia ha comunicado oficialmente al Gobierno que no autoriza el acceso al Valle de los Caídos para la exhumación de Francisco Franco, enterrado allí desde 1975, informa El País.

La nueva respuesta negativa la remitió el pasado 26 de diciembre el prior del Valle, el benedictino Santiago Cantera, después de que dos semanas antes la ministra de Justicia, Dolores Delgado, solicitara la preceptiva autorización para entrar en el templo a las más altas instancias de la Iglesia católica. El prior argumenta que falta el consenso de la familia Franco y que el asunto está aún pendiente de pleitos judiciales.

El Gobierno ha manifestado a El País mediante un comunicado que "esperaba esta actitud por parte de Santiago Cantera, cuyos antecedentes ideológicos son conocidos públicamente". En su respuesta, el Ejecutivo recuerda que "antes de ingresar en la orden de los benedictinos, el religioso fue candidato a las elecciones generales de 1993 y a los comicios europeos de 1994 por el partido Falange Española Independiente", además de señalar que "el prior se ha negado en distintas ocasiones a seguir las indicaciones dadas sobre este proceso por las autoridades eclesiásticas españolas, tanto desde el Arzobispado de Madrid como desde la Conferencia Episcopal".

"La posición obstruccionista del prior Santiago Cantera", prosigue el comunicado, "no impedirá que el proceso siga su curso, pero evidentemente hará que la opinión pública pueda llegar a considerar que la Iglesia española avala en su conjunto la negativa de este antiguo candidato falangista, hoy superior de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y, con ella, la negativa de la propia familia Franco".

El prior del Valle de los Caídos también arguye en su respuesta que el caso aún está sub iudice, en proceso de juicio, y que en su día tendrá que resolverlo el Tribunal Supremo

"El Gobierno, pese a los inconvenientes que pueda provocar el rechazo del prior Santiago Cantera, mantiene su decisión de seguir adelante con el proceso de exhumación, respetando cada una de las garantías a que tiene derecho la familia Franco por ley. Dentro de las gestiones previstas por el Gobierno figura el traslado de todos los requerimientos legales a las instancias superiores del prior Santiago Cantera", concluye el texto.

La ministra Delgado remitió el pasado 11 de diciembre una notificación a la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos, en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid), para avanzar en el expediente de exhumación y posterior reinhumación de los restos del dictador. La comunicación se envió también al nuncio del Papa, Renzo Fratini; al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; al abad de Santo Domingo de Silos –cabeza de la orden benedictina en España–, Lorenzo Maté; y al representante legal de la Congregación de Solesmes, Clemente Serna.

En el texto, la ministra admite que para exhumar a Franco es necesario acceder a la basílica y que para ello "es necesaria la correspondiente autorización eclesiástica". En la nota "se solicita autorización" para acceder al templo y "dar cumplimiento al acuerdo que, en su caso, se adopte" conforme a lo dispuesto en ley de la Memoria Histórica "por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura".

El representante de los Franco ya ha comunicado varias veces que la familia se niega a la exhumación

Las autoridades eclesiásticas recibieron la misiva oficial de la ministra Delgado, que les daba un plazo de 10 días para responder, y contestaron el 26 de diciembre a través de una carta del prior de la Abadía, Santiago Cantera, que ha contado con el consentimiento y conocimiento de sus superiores, según fuentes jurídicas conocedoras del caso. El prior en su réplica insiste en sus argumentos ya conocidos para oponerse al acceso al templo para exhumar a Franco "sin el permiso de la familia". Un mensaje que de distintas formas ha expresado el arzobispado y hasta el Vaticano, tras una visita de la vicepresidenta Carmen Calvo a Roma, pero al que añadían que la Iglesia no estaba contra la exhumación y delegaban esa responsabilidad en el Gobierno.

El representante de los Franco ya ha comunicado varias veces que la familia se niega a la exhumación y también que si el Gobierno la lleva en cualquier caso adelante, como es su pretensión, recurrirá esa iniciativa ante el Tribunal Supremo y no aceptará otro lugar para la hipotética inhumación que la cripta familiar en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid. Una idea que el Gobierno rechaza de pleno y para la que está buscando informes que lo prohiban incluso alegando razones de seguridad.

El prior del Valle de los Caídos también arguye en su respuesta que el caso aún está sub iudice, en proceso de juicio, y que en su día tendrá que resolverlo el Tribunal Supremo.

Hay que tener en cuenta, además, que el Gobierno también prohíbe que se le entierre en la Cripta de la Almudena.

En definitiva: el Gobierno de Sánchez tiene un problema, creado por él mismo, porque prometió exhumar a Franco antes de fin de 2018 y todavía no lo ha conseguido.