- El abogado colombiano Juan Camilo Ramírez explica que el plebiscito abría por "la puerta de atrás, nuevas disposiciones en la Constitución".
- Además, "el acuerdo preveía el apoyo económico y político a organizaciones que promueven los derechos de la comunidad LGTB".
- Sostiene también que el texto "no promovía una disminución real de la violencia" y que carece de medidas para constatar "la reducción del narcotráfico".
El presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de la oposición, Álvaro Uribe, anunciaron este miércoles que continuarán en la búsqueda de consensos para salvar el acuerdo de paz con las FARC, sumido en una crisis que impide su implementación tras su inesperado rechazo en un plebiscito el pasado 2 de octubre.
Recordemos que el 50,21% del electorado rechazó un texto de 297 páginas cuyo contenido suscitó gran polémica entre amplios sectores de la sociedad colombiana que acusaban también al gobierno del presidente Santos de claudicación ante la guerrilla.
Ya contamos ayer que los colombianos
defensores de la vida y la familia votaron 'no' a los acuerdos de paz el pasado domingo 2 de octubre porque dichos acuerdos, a escondidas -por la puerta de atrás-, introducían la
ideología de género y el aborto, según han denunciado ellos mismos.
Hoy jueves, el abogado provida colombiano
Juan Camilo Ramírez lo explica también a
Aciprensa. Este abogado trabaja en el desarrollo de una estrategia integral para proteger la vida, la libertad religiosa y la familia en Colombia.
El jurista se ha mostrado muy crítico con la ideología de género incluida en el documento: "De las 297 páginas, al menos 83 estaban destinadas al llamado 'lenguaje incluyente', ese lenguaje que habla de 'ciudadanos y ciudadanas', 'niños y niñas', y que lo que busca es transmitir la idea de que el idioma español es un idioma machista que busca ser intolerante, lo cual no es cierto".
Además, dijo, el objetivo del texto era crear un lenguaje complejo "
para impedir la comprensión real de las disposiciones que contenía".
Asimismo, "entre las normas que se iban a acoger en nuestra constitución por vía del plebiscito,
se incluía la adopción total de la CEDAW (la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado por la Asamblea General de la ONU en el año 1979) que en última instancia busca amparar y fortalecer el aborto".
"En Colombia nosotros no tenemos
una ley que permita el aborto, pero con este plebiscito se iban a introducir estas disposiciones en nuestra constitución por la puerta de atrás".
Además, "el acuerdo preveía el apoyo económico y político a organizaciones que promueven los derechos de la comunidad
LGTB. Sin duda, nosotros no tenemos nada en contra de eso, pero no había ninguna razón objetiva por la que este tipo de disposiciones estuvieran incluidas en los acuerdos".
Ahora se abre una nueva etapa en el proceso de negociaciones llena de incertidumbres, pero también de nuevas oportunidades. "Hay que volver a realizar el acuerdo –ha señalado Ramírez–. Sin duda, lo primero que hay que hacer es
quitarle todas menciones a la ideología de género, porque eso no tiene ningún sentido en un acuerdo de esta naturaleza, e insistir en mecanismos que realmente disminuyan la violencia con el narcotráfico".
"Eso quiere decir que las FARC
deben decir dónde están sus laboratorios, cuáles son las rutas que utilizan para el narcotráfico y, sobre todo, entregar evidencias que puedan utilizarse en procesos criminales en contra de los que
sigan adelante con el negocio del narcotráfico aún después de que se firme el acuerdo de paz".
El abogado explica además que el acuerdo "
no iba a promover una disminución real de la violencia en Colombia porque no contenía ninguna medida concreta que verificara una disminución real del problema del narcotráfico", ha asegurado.
"Las FARC son la principal organización narcoterrorista de Colombia y, desde ese punto de vista, toda la infraestructura narcotraficante que esta organización tenía no se vería disminuida por medio de estos acuerdos".
En opinión de
Juan Camilo Ramírez, es muy bueno que "tras el rechazo del acuerdo en plebiscito, ambas partes hayan dicho que van a seguir sentadas en la mesa de negociación".
"Después de cuatro años, la guerrilla sabe que no hay posibilidades de obtener lo que está obteniendo si no es negociando, y
el gobierno también está interesado en seguir negociando".
Sin embargo, alertó, el texto "no iba a llevar a una mejor condición en términos de la armonía y de la convivencia y que, además,
promovía una transformación institucional que era muy perjudicial para la vida, la familia y la libertad religiosa".
Juan Camilo Ramírez confía en que el gobierno sea realmente un gobierno prudente y llame a los ciudadanos de a pie, "a aquellas personas que creen en la familia,
aquellas personas que creen en la autonomía que deben tener los padres para educar a sus hijos, aquellas personas que no están de acuerdo con una invasión ideológica extranjera que se conoce con el nombre de
ideología de género. Son ellos los que han salido a la calle, los que están saliendo a votar, y son ellos los que deben ser llamados a
formar parte de las negociaciones".
En cuanto al papel de la Iglesia, afirmó que esta "siempre va a ser el
bastión moral de todos los colombianos. Desde esa perspectiva, la Iglesia no necesariamente tiene que salir a marchar a la calle, pero la Iglesia sí debe orientar a los feligreses".
José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com
