- Eso sí, el estatal ICO no pondrá más dinero para salvar la energética. Es decir, exige a la banca que salve a Abengoa, pero no quiere salvarla él.
- En resumen, para los bancos, el concurso de acreedores es inevitable, mientras el ministro Soria se resiste a rendirse.
- Los acreedores tienen en cuenta, sobre todo, la deuda a proveedores (4.000 millones) y el daño reputacional.
- El titular de Industria y el secretario de Estado de Economía aún confían en las posibilidades de la Ley de Insolvencias.
- El caso Abengoa alarga las sombras sobre el sector renovables, aunque los desenlaces dependen de la situación financiera de cada empresa.
La delicada situación de
Abengoa ha obligado a pronunciarse, este jueves, al ministro de Industria,
José Manuel Soria, y al secretario de Economía,
Íñigo Fernández de Mesa. Pero no es tan importante, en el caso que nos ocupa, lo que se diga desde el Gobierno como la valoración que manejan los bancos acreedores sobre la situación real de la compañía.
El ministro Soria, como es lógico, espera que Abengoa se salve. Lo dice, además, sin olvidar que 6.500 de los 25.000 trabajadores del grupo están en España y que el
susto en la energética se produce a menos de un mes de las elecciones generales.
No son pocos argumentos. Ahora bien, nada de intervenir en una empresa privada, ni a través del estatal Instituto de Crédito Oficial
(ICO). Esa responsabilidad queda para los bancos acreedores.
La situación de preconsurso de acreedores, ha dicho Soria, "no prejuzga que se llegue a un concurso, ya que ahora se abre una etapa de tres meses o cuatro meses para que se pueda llegar a un acuerdo con los acreedores o, de lo contrario, se pase a concurso de acreedores". Y eso es lo que no espera para una "una empresa de referencia en España".
En un sentido muy parecido se ha pronunciado Fernández de Mesa, a preguntas de
Hispanidad. Ha recordado que uno de los objetivos de
Ley de Insolvencias que puso en marcha el Gobierno es precisamente la de facilitar un acuerdo entre deudores y acreedores en
"empresas altamente endeudadas pero viables".
Ahora bien, en los que han coincidido ambos es en el limitado margen de actuación del Gobierno. Soria ha dicho que es una empresa privada y no estamos en los tiempos de antiguo
INI, que podía "meter capital en una empresa y otra". Y Fernández de Mesa se ha agarrado al mismo argumento, de otro modo, para señalar que la exposición del Estado en Abengoa, a través del
ICO, es "muy limitada". O sea, no se le espera.
En efecto, el riesgo del ICO se limita a 161 millones de euros (100 millones en créditos corporativos y 61 millones en financiación de proyectos en marcha). No sólo eso.
Tampoco el ICO se dio por aludido cuando
Sabadell,
Popular,
Caixabank y
Bankia le pidieron un paso al frente para salvar a Abengoa.
Eso bancos son, junto al
Santander, los principales acreedores españoles. Tienen, por tanto, todo el protagonismo para intentar reconducir la situación en Abengoa. Pero a diferencia del ministro Soria, consideran que el concurso de acreedores es inevitable. El Santander es el único, no obstante, que cree que es posible la entrada de un socio industrial.
Eso no quita que se hayan puesto a negociar desde ayer mismo, tanto Abengoa, o que sigan buscando compradores tras la espantada de
Gestamp.
Lo ideal sería un
socio industrial -y español, a ser posible-, pero no confían en ello. Y están también los
fondos de inversión -sobre todo los más especulativos, los
buitres- pero no consideran que no darán ningún paso hasta que llegue el momento
quick wins (ganancia rápida); es decir, a cuando se declare el concurso de acreedores dentro de cuatro meses (es el plazo legal que dura un preconcurso).
El pesimismo en los bancos acreedores es fundado porque se agarran a lo evidente: la dramática situación económica de Abengoa. No sólo tienen en cuenta la abultada deuda financiera (corporativa y en circulante), que supera la los 10.000 millones, sino la
deuda a proveedores, que es precisamente lo que asustó a Gestamp.
Esa deuda supera los 4.000 millones de euros y de ellos, 500 millones vencen a corto plazo. O sea, un problemón. Y a eso se une el
daño reputacional en la compañía, tras los desplomes en bolsa y el
espectáculo inevitable desde que estalló la crisis este verano.
En suma,
razones muy fuertes para que los bancos crean que Abengoa entrará en concurso sí o sí. Otra cosa es lo que ocurra después, y en eso reaparece la situación vivida por
Pescanova, que tienen como referencia para esta crisis.
En otras palabras, Pescanova salió del concurso porque su negocio se sostiene algo tangible: la captura y venta de pescado. El problema de
Abengoa, sin embargo, es distinto: acumula una deuda que no puede sostener por la vía de los ingresos.
Es el propio negocio lo que está en juego y a eso no es ajeno es propio desarreglo en ese sector, inflado artificialmente con las subvenciones públicas, y corregido después en sus excesos por los ministros Sebastián y Soria (el déficit de tarifa era los más
incorregible).
Con rentabilidades aseguradas era muy fácil endeudarse -es lo que pasó con Abengoa-, tanto como complicado después afrontar esos créditos con menos primas y con "una rentabilidad razonable".
El pinchazo de esa burbuja ha dejado sombras e incertidumbre en todo el sector de las renovables, especialmente en termosolar y fotovoltaica, pero el desenlace de lo que suceda finalmente con cada empresa depende de la situación financiera de cada una y de la fortaleza en sus ingresos.
Rafael Esparza
rafael@hispanidad.com
