El Gobierno de Pedro Sánchez -y todos los gobiernos de la Eurozona- tiene que presentar en Bruselas un plan fiscal y estructural antes del 20 de septiembre, con la senda de gasto para los próximos cuatro años. El plan debe incluir los compromisos y las reformas que pretende abordar el Ejecutivo y que no se podrán cambiar una vez aprobadas por la UE. Esa es la novedad más relevante: los planes no se pueden cambiar a mitad del partido.

La otra novedad que hace que estos planes sean históricos -en algunos casos también ‘histéricos'- es que se reconocen las especificaciones territoriales de cada país, por ejemplo, el punto de partida.

Esto es muy bonito e instructivo, porque en Moncloa han visto el cielo abierto: como el ajuste del gasto de 2025 parte del nivel marcado en 2024, presentemos un gasto muy elevado este año y así nos cubrimos de cada al cumplimiento futuro del plan.

De momento, España se ha librado del protocolo de déficit excesivo a pesar de cerrar 2023 con un 3,6%, por encima del 3% permitido y con una ratio de deuda del 107,7% del PIB, muy por encima del umbral del 60%. Vamos, un desastre que Bruselas ha decidido pasar por alto en vísperas del nuevo plan mencionado al principio.

En esta línea, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, advirtió este jueves, en el seminario organizado por la APIE y la UIMP, en Santander, que el límite del crecimiento del gasto no debería superar el 2,7% para cumplir las reglas fiscales. Estamos muy lejos: la media histórica es del 4,5%.