Talgo vuelve a estar de actualidad… y unas semanas antes de dar a conocer sus resultados de 2023. En la sesión bursátil del jueves 8, su cotización se disparaba más de un 9% y la CNMV decidía suspenderla a las 16 horas, dejándola en 4,78 euros, ante el rumor de la posible OPA del grupo industrial húngaro Magyar Vagon a través de su filial DJJ. Sin embargo, el regulador bursátil que preside Rodrigo Buenaventura debería afanarse en saber algo más, porque es la segunda vez que suspende la cotización de Talgo ante el rumor de la citada OPA en menos de tres meses: recuerden que la primera vez que lo hizo el pasado 16 de noviembre.

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Es cierto que la CNMV actúa bien con la suspensión de la cotización, pero debe hacer más, por ejemplo, exigir más concreción al fabricante ferroviario español que tiene como presidente ejecutivo a Carlos de Palacio y Oriol, y como CEO a Gonzalo Urquijo. Esta compañía está controlada en un 40,033% por la sociedad Pegaso Transportation International (la cual es propiedad en un 63% del fondo Trilantic, que quiere irse de Talgo -donde entró en 2006-; y en un 20,3% de la familia fundadora, la familia Oriol, que está cada vez más desplazada).

El pasado 16 de noviembre, cuando la CNMV suspendió la cotización de Talgo ante el rumor de una posible OPA de un grupo industrial húngaro del que se conoció el nombre poco después, el fabricante de trenes con sede en Madrid se limitó a referir la información remitida en un hecho relevante: había recibido una manifestación preliminar de potencial interés en la formulación de una opa sobre la totalidad de acciones a un precio de 5 euros por acción. El regulador bursátil levantó la suspensión de la cotización 10 horas después y desde entonces poco más se ha conocido, excepto que detrás de Magyar Vagon (y su filial DJJ) está el empresario András Tombor, hombre próximo al primer ministro húngaro, Viktor Orban, y que acaba de fichar al ex director general de Siemens Mobility en Hungría, Ludvig László, como CEO de Magyar Vagon, según ha informado El Economista. 

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Eso sí, cabe referir que la acción suspendida de Talgo se ha quedado en 4,78 euros, por lo que aún vale casi la mitad (en concreto 1,9 veces menos) del precio que marcó en su debut bursátil (9,25 euros) el 9 de mayo de 2015… y que nunca ha conseguido recuperar. Todo ello, a pesar de la mejora en resultados que ha ido registrando, tras el frenazo en los desplazamientos que supuso el Covid-19. De hecho, en los nueve primeros meses del año pasado, Talgo ha logrado aumentar ingresos, resultados bruto de explotación (ebitda) y pedidos, por la mayor actividad y la extensión de contratos. Eso sí, no ha informado de la evolución del resultado neto y ha tenido un ligero incremento del apalancamiento financiero. En unas semanas, veremos cómo fueron las cifras en el conjunto del año 2023.

Al hilo de la posible OPA, conviene destacar que el fondo Trilantic lleva tiempo queriendo irse del capital de Talgo (el cual controla a través de la sociedad que comparte con la familia Oriol). Tras estos, en el accionariado se encuentra la familia Torrente Blasco (5,037%). Y entre los inversores con participaciones inferiores al 3% (por lo que no tienen obligación de notificarlas a la CNMV), está la aseguradora Santa Lucía (2,86%), la gestora de activos francesa Amundi (2,05%), la del Banco Santander -Santander AM- (1,86%) y el fondo soberano noruego Norges Bank (1%), entre otros, según El Economista.

Y por cierto, si al final se concreta la OPA del grupo húngaro o de otros, esperemos que el regulador bursátil que lidera Buenaventura cumpla con su obligación de proteger al pequeño accionista (también denominados minoritarios), algo que no ha hecho en otras compañías (por ejemplo, con la entrada de inversores mexicanos y portugueses en Duro Felguera).