La equivocada política fiscal española, de no reducir despilfarro y suplir con más impuestos la caída de la recaudación, nos ha llevado a perder competitividad fiscal. Y no me vale lo que se dice de que tenemos la menor presión fiscal de casi toda la UE, pues para comparar hay que tener en cuenta el crecimiento del PIB y el nivel de los salarios de cada país.

Los problemas que está generando la aplicación de la ayuda directa a los carburantes se habrían evitado si en lugar de esta bonificación se hubiera realizado una rebaja fiscal. Ninguna de las medidas demagógicas tomadas solucionará el grave problema que vivimos, pues un problema estructural no se remedia con parches subvencionados. Es más, agravará la situación y el precio de la deuda será cada vez mayor.

El problema es que el Gobierno propone acciones sobre las consecuencias no sobre las causas. La decisión de atacar la crisis por el lado del gasto, con subvenciones al coste de los combustibles, más ERTEs, más ICOs y todo ello en un contexto inflacionista supone retroalimentar esa misma espiral de crecimiento desbocado de los precios. Sin olvidar que el precio de la deuda será cada vez mayor.

En definitiva, hay que reducir gastos y a su vez disminuir los impuestos, atacando los problemas estructurales que nuestro país tiene:

- Incrementando la productividad.

- Teniendo empresas más competitivas.

- Ganando tamaño empresarial. En nuestro país el 91% son pymes y microempresas.

- Favoreciendo el desarrollo del capital humano.

- Reduciendo la dualidad del mercado de trabajo.

- Estimulando el empleo, promoviendo una formación más personalizada.

- Garantizando la sostenibilidad del sistema de pensiones.

- Evitando que se produzcan trasvases de la economía formal hacia la informal.

- Desarrollando una política industrial clara, sobre todo en materia energética y de distribución del agua, aumentando la producción agrícola con más hectáreas cultivadas.

- Invirtiendo en I+D+i y la transformación digital y medioambiental.

- Supervisando el gasto público.

- Anteponiendo el consenso en las reformas educativas.

- Controlando el déficit y de la deuda pública.

- Dinamizando una justicia lenta.