La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a las principales constructoras españolas con 203,6 millones de euros por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Entre las empresas sancionadas están Acciona, grupo de infraestructuras y energía de la familia Entrecanales, multada con 29,4 millones, Dragados, empresa de construcción que forma parte del Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, con 57,1 millones, FCC, el grupo constructor cuyo principal accionista es el magnate mejicano Carlos Slim, con 40,4 millones, Ferrovial, controlada por Rafael del Pino con 38,5 millones, OHL, renombrada como OHLA cuando los Amodino tomaron el control de la compañía, con 21,5 millones y Sacyr, que tiene como principal accionista a DISA, la petrolera propiedad de Demetrio Carceller, consejero en Sacyr, vicepresidente de Ebro Foods y dueño de la cervecera Damm, con 16,7 millones, según ha informado este jueves la CNMC en un comunicado. 

En el informe, el organismo presidido por Cani Fernández, ha explicado que desde 1992 estas compañías mantenían reuniones semanales, en las que examinaban los contratos públicos que habían sido publicados por el Estado, y decidían qué licitaciones iban a compartir. Aprovechaban, además, para intercambiar información sobre su estrategia de prestación a los concursos públicos, y su intención de concurrir o no a ellos. 

Así llegaban a un pacto, el cual no podían romper, según la CNMC: “Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas”.

“Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc”, subraya Competencia.

La CNMC cree que entre las administraciones públicas afectadas se encuentra fundamentalmente el Ministerio de Fomento, actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes.

Es decir, seis grandes compañías españolas, han estado 'tomando el pelo' al Estado y a otras empresas de construcción competencia de éstas, han atentado contra las normas de la libre competencia durante 25 años, por el módico precio de 203,6 millones de euros. O dicho de otra forma, un millón por empresa y año de timo.