La abogada general de la Unión Europa, la croata Tamara Capeta, se ha dado cuenta ahora, más de seis años después, de que el responsable jurídico de la resolución del Popular -junio de 2017- no es la Junta Única de Resolución (JUR), sino la Comisión Europea (CE) de la que depende, por cierto, la citada JUR.

Dicho de otra manera, los recursos presentados hasta ahora contra la JUR no tienen validez alguna -no fue el responsable- y se debían haber dirigido contra la CE. Sorprende la rapidez de Capeta en darse cuenta de algo tan mollar.

Porque lo que ha logrado, de entrada, es la paralización de los recursos presentados por accionistas y bonistas, que vieron como el banco pasó de valer 1.300 millones en bolsa a sólo un euro, en la noche del 6 al 7 de junio de 2017, porque así lo decretó Europa. Con un poco de suerte, prescribirá la causa.

Pero no nos engañemos: lo que esconde la decisión de Capeta es que Bruselas no quiere entrar en el fondo de la cuestión: ¿Era viable el Popular? Según el informe de los peritos del Banco de España, fechado en abril de 2019, el banco era solvente y rentable, con más de 1.150 millones de euros de beneficios ordinarios anuales, es decir, sí era viable.

Pero Europa no quiere reconocerlo, ni siquiera está dispuesta a plantearlo como hipótesis de trabajo y por eso desvía la atención con cuestiones formales.