Hablamos de dos temas diferentes pero entrelazados. Por un lado, los resultados de Escribano Mechanical & Engineering (EME), en 2025, que fueron buenos, como no podía ser de otra manera en una empresa dedicada a material de Defensa, en estos tiempos de guerra.
El beneficio de EME aumentó un 43,1% en 2025, hasta los 161,1 millones de euros -beneficio récord-, tras ingresar 488,3 millones, un 37,4% más que el año anterior. El Ebitda alcanzó los 195 millones, un 53% más, y el Ebit, 169 millones, un 52% más. Los costes, por su parte, aumentaron un 38,5%, hasta los 352,8 millones, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y adelantadas por Europa Press.
Son unos buenos resultados, como hemos dicho antes, gracias al aumento del gasto público en Defensa. Es lógico. De hecho, el punto de inflexión para EME fue el año 2024, cuando los ingresos aumentaron un 208,7%, hasta los 355 millones de euros. Conviene recordar que antes de 2023, los ingresos de esta compañía no habían superado los 100 millones. Y estamos hablando de ingresos, no de beneficio.
Por eso, llama poderosamente la atención que algunos hablen de una valoración de EME superior a los 3.000 millones. ¿Cómo puede valer tanto una compañía que en 2025 facturó menos de 500 millones y sólo ganó 161 millones? Me dirán que se está teniendo en cuenta el futuro prometedor de la industria de Defensa, y es cierto, pero pagar tanto por una promesa no deja de ser un brindis al sol y un pelín temerario.
Y aquí entramos en el segundo tema que, en realidad, es la clave. Como saben, EME forma parte del consorcio liderado por Indra y en el que también participan Sapa (de la familia Aperribay) y Santa Bárbara, filial de la estadounidense General Dynamics.
Pues bien, entre otros proyectos tienen encomendado el del vehículo blindado 8x8 Dragón, un contrato por el que ya se han ganado varias broncas del Ministerio de Defensa. La última, la pasada semana, de la misma Margarita Robles, que les contamos en Hispanidad. “Los plazos no se han cumplido”, afirmó. En junio vence uno de los plazos y, al parecer, si no se entregan 60 vehículos la sanción podría alcanzar los 100 millones de euros, según Cinco Días.
Esa es la pregunta clave: ¿Tiene Indra capacidad industrial suficiente para liderar la industria de defensa española? No parece que sea así cuando ya ha comenzado a incumplir los plazos. Y esto no es como un examen, que se puede recuperar más adelante, sino que los retrasos se van acumulando. Y lo gordo llegará en 2028.
Por cierto, los retrasos son compatibles con una cuenta de resultados al alza. Ahora bien, cuidado con la periodificación de los ingresos -los contratos de este tipo son para varios años- y cuándo se contabilizan. Ya saben: la contabilidad es una ciencia exacta porque dice exactamente lo que quieras que diga.
Luego está la reactivación de la operación abyecta: la compra de EME por Indra. Ese no es el problema, aunque siga siendo una cacicada. El problema es la cuestionada capacidad industrial de Indra.
