El Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, convocaba a los medios esta semana para anunciar las líneas gruesas, nunca mejor dicho, de la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética. Curiosamente, llamó a los periodistas que cubren la información de medio ambiente, no a los que habitualmente informan sobre energía o el sector eléctrico. La anécdota da una idea de hasta qué punto puede reinar el desconcierto en ese ministerio, al margen del brindis al sol de la nueva ley -en forma de borrador-, tan llena de tópicos como vacía de contenidos.

No extraña nada, por tanto, que esos planes hayan sentado como un tiro en el pie a las eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy, de las que depende el sistema eléctrico español y que han quedado marginadas, de un día a otro, de cualquier proceso negociador. El malestar en esas empresas es comparable a la sorpresa provocada, inmenso en los dos casos, lo que hace suponer que la discreción (a falta de lo confesable) navega en paralelo a las aguas agitadas o que la movida de una semana se alargará meses.

La UE es contraria a que se prohíban alternativas como el gas en los coches y a que se restrinja la libertad del consumidor

La único cierto es que el equipo de Ribera ha pactado un programa de mínimos con el grupo parlamentario de Podemos -ahí se alumbra el borrador de marras posterior-, que, encima, ni aterriza en la realidad de las necesidades energéticas y, sobre todo, no desvela el modo de cubrirlas.

¡Qué mínimo que hablar con el afectado cuando va a ser daminificado! Es la vía por la que ha optado Transición Ecologóca, lo cual da una idea de lo desbordado que está en estos momentos para atender a diestra y siniestra. Entra de una lógica que emerge cuando los máximos de uno, en este caso Ribera, se estrellan sin el contrapunto de otro, que pide razonablemente un mínimo de diálogo.

No ha sido así, pero sólo se ha alzado en armas, de momento, el sector del motor para replicar a la indefinición, como lo es, sin duda, avanzar planes en un horizonte de 20 o 30 años sin alternativas. Es una insensatez -o una mera declaración de intenciones, hueca- programar nada en ese plazo. Por ese motivo, los fabricantes (Anfac) han dado plantón a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que les había convocado para apaciguar los ánimos, explicándoles personalmente los planes de alcance de Ribera, pero con ¡un día! de antelación.

Los fabricantes del motor contestan al plan talibán de Ribera con un plantón a la ministra de Industria

Se han negado a acudir, como es lógico, precisamente porque la futura ley condena al desguace a todos los vehículos que no sean eléctricos, en estos momentos la práctica totalidad, a partir de 2040. Es lo que presagia al aventurar que los turismos y furgonetas de gasolina, diésel, híbridos y de gas natural dejarán de venderse en 2040 y de circular diez años después, en 2050.

La tormenta en el sector tiene esa explicación, del mismo modo que la ley puede contravenir la directiva europea sobre la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos al petróleo para fomentar el vehículo eléctrico. Censura, en concreto, que se prohíban los combustibles alternativos, como el gas para los vehículos de los híbridos, al tiempo que está en contra de que se restrinja la libertad del consumidor a la hora de elegir los combustibles alternativos.

Es más, la directiva hace un llamamiento a que sea el mercado el que genere las alternativas, no el Gobierno, en este caso el de Pedro Sánchez. El gas natural es uno de esos combustibles alternativos, ahora amenazado, lo que tira al traste los proyectos en marcha con autogás, como el caso de Repsol, o con gas natural comprimido (GNC), comercialización que impulsa Naturgy.  

La futura ley sienta como un tiro en el pie a las tres eléctricas, que ya no pueden alegar en la tramitación de la norma

Es una parte de la transformación radical del sistema eléctrico español, que propone Ribera, que derrumba las principales fuentes actuales de energía -energía nuclear, gas, carbón (entendible), combustibles- para una reconversión al 100% de la generación de energías renovables en 2050.

La pregunta brota por sí misma: ¿cómo se hace eso, con qué alternativas? Es ahí donde no hay respuestas. O las pocas que hay se prestan a más equívocos todavía. Buena prueba de ello ha sido el resbalón del Domínguez Abascal, el secretario de Estado de Energía, que al ser peguntado por el futuro de las centrales nucleares, que cubren el 20% de la demanda actual, contestó que la intención del Gobierno era cerrarlas todas, sin prórrogas, antes de 2030.

Es decir, de acuerdo con la vida útil de 40 años. Claro, luego, tras poner fecha de caducidad a todas, de Almaraz a Trillo, matizó que, en fin, habrá que ver caso por caso, que “probablemente será más allá de 2030”, que “no llegaremos a 2040”.

Coinciden en criticar la insensatez de programar planes a 20 y 30 años

Abascal tenía todas las respuestas (confusas), paradójicamente, sobre una energía, la nuclear, que no aparece citada ni una vez en las 44 páginas del borrador de la ley. Asombroso. Parece más bien que disparara con pólvora del rey, pero sin pólvora. Eso puede hacerlo la formación de Pablo Iglesias, que no gobierna (¿o sí?), pero no el partido que oficia de tal.

Y ojo, porque entre las cosas que aventura la nueva ley, por ejemplo, está el impulso de generación de energía renovable de 3.000 MW anuales a partir de 2020, cuando la propia ministra Ribera ha explicado en sede parlamentaria que de los 9.000 MW adjudicados en subasta “solo se han instalado 80”, por lo que “será difícil llegar a instalar el 70% de la potencia subastada antes de 2020”.

De los 9.000 MW subastados se han instalado 90, pero la nueva ley pretende que funcionen 3.000 MW nuevos por años

La ley necesitará para su aprobación, en cualquier caso, el apoyo de los de siempre para que salga adelante, teniendo en cuenta los escasos 84 diputados socialistas en el Congreso -podemitas, nacionalistas, independentistas…-, pero marca, en paralelo, un giro radical en materia energética al empleado por Rajoy, a quien había que sacar como fuera de Moncloa.

El ministro de Industria del PP, Álvaro Nadal, trabajaba en un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, que permitía, con esa tramitación, la presentación de alegaciones, no sólo de los partidos políticos, también de los sectores y empresas afectadas.  El anteproyecto quedó fuera de juego tras la moción de censura. Con la nueva vía, queda cortada la introducción de las alegaciones de los afectados, dejando como única interlocución posible a los partidos.

Dicho más claro: Endesa, Iberdrola, Naturgy sólo podrán influir algo por vía indirecta, a través de las organizaciones empresariales o sectoriales, CEOE, Unesa o Anfac, por ejemplo.