El desastre de los laudos de renovables parece que va a tener una sombra más alargada que la del ciprés de la novela de Miguel Delibes. Lo creó el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y lo continuó el PP de Mariano Rajoy, pero los seguiremos pagando los contribuyentes y algunas empresas durante muchos años más. Ahora dicho problema sigue creciendo… vía embargos contra nuestro país.

El penúltimo ha llegado esta misma semana: el de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos). No es el primero ni será el último. Recuerden que hace un tiempo ya se embargaron, entre otros activos: cuatro cuentas bancarias (en el Banco Santander) de dicho organismo y una sede en Londres, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el derecho de cobro de la indemnización del Prestige, un bono de deuda y hasta dos montantes (uno de 207, 3 millones de euros y otro de 482,4 millones) de los ingresos que España, a través de Enaire, recibe por el control de su tráfico aéreo por parte del organismo europeo de navegación aérea Eurocontrol.

Ojo, porque el tema de los embargos podría afectar a la participación de España en el Mundial de EEUU, México y Canadá que se celebrará a partir del próximo 11 de junio y hasta el 19 de julio. En concreto, los embargos podrían afectar desde el autobús de la Selección Española de Fútbol al catering o a cualquier otro pago, operación o activo necesario para participar, según avanzó La Razón. El tema no es baladí porque en EEUU hay siete sentencias en tribunales ordinarios que están pendientes de pago, los cuales han reconocido una deuda de 688 millones y han autorizado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español, abriendo la puerta a nuevos embargos.

Esto ha vuelto a despertar temor hacia un embargo del avión de Pedro Sánchez, en caso de que decida viajar a ver a ‘La Roja’ en el Mundial, dado que la mayoría de los partidos se jugarán en EEUU (incluyendo los más relevantes -octavos y cuartos de final, semifinales y final-). Recuerden que el pasado septiembre, los medios diplomáticos y jurídicos españoles temieron la posibilidad de que se embargara el avión de Sánchez cuando viajó a la 80ª Asamblea de la ONU (en esa ocasión no se trasladó en su ‘querido’ Falcon, sino en un Airbus A-310). Un temor que tiene su peso... y más si se recuerda lo que le sucedió a Argentina en octubre de 2012, siendo su presidenta Cristina Fernández de Kirchner: se embargó el buque escuela argentino ‘Fragata Libertad’ en Ghana, como respuesta a la demanda del fondo NML Capital, que exigía el pago de una deuda que no se había incluido en un canje de años anteriores, y que el país hispanoamericano se negaba a pagar. Al final, el citado buque fue liberado 77 días más tarde, tras la intervención del Tribunal del Mar y la resolución de la deuda con el fondo.

En total, España debe 2.309 millones a empresas y fondos de inversión que se vieron afectados por el recorte de las generosísimas primas a las renovables: en concreto, son 1.754,7 millones, a los que se suman 545,6 millones en intereses de demora, honorarios de consultores y bufetes, condenas en costas, así como otros costes. Los acreedores piden al Gobierno que ponga fin al tema, pues ya llegó a un acuerdo con la empresa JGC, según fuentes judiciales. Hasta ahora, el Ejecutivo se ha negado a pagar a los demandantes (entre los que ahora no sólo se encuentran empresas y fondos que se vieron afectados, sino también algunos fondos oportunistas que han comprado los derechos de cobro de otros fondos)... y por eso han empezado a llegar embargos de activos. 

Conviene recordar que el origen del desastre de los laudos empezó hace bastante, con las generosísimas primas a las renovables que el socialista Zapatero ofreció cuando era presidente del Gobierno, prometiéndoles una rentabilidad asegurada del 22%... y atrayendo así a gran cantidad de fondos y empresas. Dichas primas se articularon a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: primero, con el cordobés José Montilla al frente y después, con el barcelonés Joan Clos. Sin embargo, a este último le sucedió el madrileño Miguel Sebastián, quien empezó a ver la magnitud del problema que había originado con tanta ‘generosidad’ (con el dinero de los contribuyentes, claro está) su jefe dado que el déficit de tarifa se había disparado a casi 30.000 millones de euros... y comenzó a meter la tijera a las citadas primas en 2010. En diciembre de 2011 acabó la etapa de Zapatero en La Moncloa y se inició la del pepero Rajoy, quien eligió a José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo, y por tanto, a cargo del desastre originado por las primas a las renovables. Así, Soria no sólo se encargó de hacer un fuerte tijeretazo, sino que intentó amortiguar el desastre creando un nuevo impuesto (del 7% por la energía eléctrica producida por las energías verdes). 

Sobra decir que a los que llegaron atraídos por dichas primas no les hizo ninguna gracia ni su recorte ni el nuevo impuesto... y empezaron a acudir a los tribunales, pero no les fue como esperaban... y hasta el Tribunal Supremo confirmó que fue legal aplicar una rentabilidad razonable del 7,09%, en lugar del desmedido 22% prometido por Zapatero a los promotores de turbinas eólicas y placas solares, y que si se situaba entre el 7% y el 9% era más que suficiente. Así, comenzaron a producirse arbitrajes o laudos (donde hay un abogado por cada una de las partes y otro independiente que hace de mediador), alcanzando 52 casos que reclamaban más de 10.000 millones a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -el organismo de arbitraje del Banco Mundial-. Es cierto que ha habido tanto fallos en contra de nuestro país como favorables, y que no ha pagado ni un euro de la cantidad que se pedía como indemnización. Claro que como en los arbitrajes hay abogados y estos no pueden dictar sentencia..., en muchos casos los demandantes también han acudido a los tribunales ordinarios... y así han llegado ya algunos embargos de activos e ingresos de nuestro país ajenos al sector energético en varios países (EEUU, Australia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos... y la lista puede seguir creciendo). 

Aparte de los laudos y los embargos, no hay que perder de vista que seguimos pagando el déficit de tarifa, que se ha convertido en una deuda histórica del sistema eléctrico español y conlleva intereses: cerró en 3.552 millones en 2025, según los últimos datos de la CNMC... y no se liquidará hasta 2028. Ojo, desde 2014 y hasta principios de 2024, los consumidores de electricidad en nuestro país ya habíamos pagado más de 6.000 millones en intereses del déficit de tarifa, según datos de la CNMC que recogió La Información.... y si se suma el déficit de tarifa que aún queda y su correspondiente pago de intereses, el dinero de los laudos, las reclamaciones, los embargos, los honorarios de abogados… la deuda relacionada con las renovables que colea de la época de ZP se estima en 20.000 millones, según refirió Guillermo Rocafort, Licenciado en Empresariales y en Derecho, Doctor en Economía, profesor universitario y escritor, en la red social X (antes Twitter) en noviembre de 2024.

Además, la elevada deuda del sistema eléctrico también la están asumiendo los consumidores eléctricos... Y es que las propietarias de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), como recordó hace meses, Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, pagan 5 euros en el impuesto al combustible nuclear gastado, algo que se les impuso “en 2012-2013 para financiar el déficit de tarifa de 30.000 millones de las renovables”, a pesar de que dentro de la famosa tasa Enresa también pagan por la gestión de dicho combustible gastado,... y ese citado impuesto se encuentra entre los que abonan sus clientes en la factura de luz.