Un día después de acudir al Consejo Europeo, la agenda de Pedro Sánchez marcaba un Consejo de Ministros extraordinario que iba a comenzar a las 9:30 horas, pero al final lo ha hecho a las 11:40h por las divergencias surgidas entre PSOE y Sumar. Así, la rueda de prensa no ha empezado a las 11 horas, sino a las 13:10h,… y el briefing técnico con algunos secretarios de Estado se hará a las 16h. Sin embargo, Sánchez ha querido quitar hierro al asunto, destacando el “diálogo” que hay en el seno del “Gobierno progresista”, pero lo cierto es que ha tenido que reunirse con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y con los cinco ministros de Sumar (Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego), antes de celebrar el Consejo de Ministros extraordinario para sacar adelante medidas ante la nueva crisis económica surgida por la guerra de Irán, en especial, las subidas de precios energéticos que ya estamos sufriendo. Al final, Sánchez ha presumido de “empático” al reducir impuestos energéticos y se ha ganado a Sumar al prorrogar alquileres y topar sus aumentos.

El presidente del Gobierno ha empezado su intervención recordando a los ciudadanos que “Israel y EEUU han iniciado una guerra contraria al derecho internacional, que ha sacado de su hogar a 4 millones de personas, ha dejado miles de civiles muertos y las primeras réplicas de un terremoto económico” en apenas 20 días. “Los ciudadanos ya lo ha empezado a sufrir cuando se desplazan”, aludiendo a la subida de precios de la gasolina y el diésel, claro que él no se ve tan afectado porque suele viajar en Falcon.

Sánchez ha subrayado algunas “certezas”, repitiendo el mantra de que España está mejor preparada que otros países por “su crecimiento económico, rigor fiscal (un día después de que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero apuntara que se cumplió el objetivo de déficit del 2,5% en 2025) y apuesta por un modelo energético diferente al de 2018”. Esta vez no ha referido la gran apuesta por las renovables de la que ha presumido días atrás, al igual que lo ha hecho la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, pero sí ha detallado que en nuestro país el gas sólo ha marcado el precio de la luz en un 15% del tiempo, frente al 90% de Italia o el 40% de Alemania. Asimismo, Sánchez ha insistido en decir “no a la guerra”, a lo que el secretario general del PP, Miguel Tellado, le ha respondido que debería acuñar también “el no a la guerra en el Consejo de Ministros”. Y por cierto, el presidente ha querido destacar: “Estoy muy enfadado con la situación a la que no están llevando determinados gobiernos”, en una clara alusión a los del estadounidense Donald Trump y el israelí Benjamin Netanyahu, pero sin nombrarles y sin cambiar el tono de su voz.

Ante la guerra de Irán y el “terremoto económico” que está provocando, el Gobierno “va a movilizar todos los recursos para proteger a los ciudadanos y ayudar a pymes, al sector primario y la industria”, ha señalado Sánchez. En total, 80 medidas que entrarán en vigor cuando se publiquen en el BOE el próximo día 21 y que movilizarán 5.000 millones de euros, de los que buena parte será por la menor entrada de dinero en las arcas públicas, para beneficiar a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas.

Las medidas son coyunturales y estructurales, como ya avanzó Aagesen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes 17. Entre las primeras, destaca una reducción drástica de la fiscalidad energética, en especial en la electricidad (en hasta un 60%): se bajarán el IVA de la luz del 21% al 10%, y del 5% al mínimo del 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad, se suspenderá el impuesto al valor de la producción eléctrica que ahora era del 7%; se reducirá del 21% al 10% el IVA del gas, los carburantes (suponiendo un ahorro de hasta 0,30 euros por litro dependiendo del tipo de combustible, y de hasta 20 euros al llenar el depósito), pellets, briquetes y leña. Asimismo, se congelará el precio máximo del butano (justo cuando la bombona acaba de encarecerse un 4,9%) y del propano, se extenderán hasta diciembre los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, se reformará el bono térmico y se prorrogará la prohibición de cortar suministros a los hogares más vulnerables. Además, el Gobierno bonificará en un 80% los peajes eléctricos para las industrias electrointensivas, con el fin de que puedan “ahorrar unos 200 millones, preservar su actividad, empleos y competitividad”, según Sánchez. Y a esto se suma una ayuda directa de 0,20 céntimos por litro para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como una mayor flexibilidad en contratos de suministro energético.

Con el fin de contentar a Sumar, pero especialmente a Podemos (y más tras las últimas críticas de Ione Belarra a Repsol y las de Irene Montero a Repsol, Iberdrola y Mercadona), el Gobierno dará nuevas capacidades de supervisión y de sanción a la CNMC para “castigar a empresas que aprovechen esta crisis”, ha anunciado Sánchez. También se ha prohibido a las empresas que reciban ayudas públicas despedir trabajadores. Todo ello, dentro de la intención de Sumar de acotar los márgenes empresariales…

Sánchez también ha referido otras medidas estructurales. Entre ellas: “continuar con una política energética de descarbonización y electrificación, positiva para la emergencia climática y nuestros ciudadanos y hogares” y “medidas para impulsar soberanía energética apostando por las energías autóctonas”, pero todo esto se traducirá en elevar la apuesta por las renovables y no rectificar el calendario de cierres progresivos de las nucleares, estudiando sólo la prórroga de Almaraz en función del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Al mismo tiempo, entrarán en vigor deducciones en el IRPF por la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor; y se pondrán en marcha nuevas medidas para climatización de edificios, instalación de renovables, almacenamiento de baterías y de bombeo hidroeléctrico.

Claro que el presidente del Gobierno ha preferido no cargar contra Sumar y las divergencias que han retrasado la agenda. Así, habrá un segundo decreto que se centrará en vivienda, “un asunto fundamental para los ciudadanos y el Gobierno de coalición progresista”. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha referido que se prorrogarán los contratos de alquiler que finalizaban el 31 de diciembre de 2027 por dos años con las mismas condiciones. La vicepresidenta seguinda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo ha destacado en su perfil en la red social Bluesky. 

Las medidas de las que tanto presume el Gobierno irán en dos reales decretos y entrarán en vigor a partir de su publicación en el BOE el día 21. Pero ojo, podrían durar poco porque también deberán ser convalidados más adelante en el Congreso de los Diputados: el de las medidas económicas se votará el próximo jueves, pero el segundo aún no tiene fecha de votación y el Ejecutivo no cuenta con el respaldo de los partidos políticos para ello, debe seguir negociando.