El cinismo de la verde Teresa Ribera parece que no tiene límites, por las muchas perlas que ha dado en su entrevista en Cinco Días y que no tienen desperdicio. Empezando por la que aparece en el titular, donde afirma que “en la luz no puede ser que todo sean dividendos a favor de las empresas, hay que conciliar con los consumidores”, con mucha demagogia podemita (algo que habrá gustado al titular de Consumo, Alberto Garzón), pero olvidando que más del 60% de la factura eléctrica son impuestos, es decir, que pagan los consumidores y repercuten en la Hacienda Pública, la cual dirige María Jesús Montero. ¡Olé, Ribera!

La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico podría extender la rebaja del IVA de la luz al 10% más allá de diciembre, cuando se revisará la situación. Eso sí, señala que Hacienda trabaja en una reforma fiscal importante, porque “la fiscalidad energética es muy compleja, no solo por los distintos tipos de energía o las figuras fiscales que se han ido acumulando, sino por quién recauda y a quién beneficia”. A estas dos últimas preguntas, la respuesta es la misma: Hacienda, o sea, el Estado. Al mismo tiempo, está el recorte a la retribución del CO2a nucleares (las cuales están quebradas), hidráulicas y eólicas anteriores a 2005, que podría restar entre 200 y 500 millones a las eléctricas: defiende que ese dividendo “que se ha ido incrementando pueda paliar el encarecimiento de la energía en los consumidores”, pero no dice nada de que con la venta de derechos de CO2, la Hacienda Pública española se podría embolsar 2.500 millones este año.

Respecto al recorte a la retribución del CO2 a nucleares, hidráulicas y eólicas, defiende que ese dividendo “que se ha ido incrementando pueda paliar el encarecimiento de la energía en los consumidores”, pero no dice nada de que con la venta de derechos de CO2, la Hacienda Pública española se podría embolsar 2.500 millones este año

Ribera también se ha referido a la nueva tarifa eléctrica, que se prevé que permanezca seis años. Eso sí, “si la CNMC detecta algo antes que deba cambiar o matizar, lo hará”. Y ojo, no se puede perder de vista que en el regulador de la Competencia, concretamente en la Sala de Supervisión Regulatoria, uno de sus miembros es el marido de Ribera, Mariano Bacigalupo.

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, la vicepresidenta verde también entra en cuestiones de algunas empresas energéticas. De hecho, vuelve a apoyar la oferta de IFM por Naturgy porque “es primordial mandar el mensaje de que España es un país atractivo para inversores internacionales”, destacando que el fondo no es cortoplacista y que cualquier inversor debe tener “un interés continuista en su transformación”. Olvida que el fondo australiano no supone dinero nuevo, sino una OPA que persigue el troceo de Naturgy, y que el fondo blasona de poder cambiar al presidente de la energética ¿con un 20% del capital? y ha reactivado su oferta... con juego sucio, usando la comunicación como arma financiera. Además, sigue sin posicionarse sobre la imputación de Ignacio Sánchez Galán, presidente y CEO de Iberdrola, aunque ha dicho algo más que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario del pasado jueves, donde pasó la patata caliente a María Jesús Montero: “hay que ser muy respetuosos con los tribunales y la presunción de inocencia. Nos importa el valor de nuestras empresas, incluido su valor reputacional. Es bueno que las empresas tengan un entorno de confiabilidad y solvencia. No nos corresponde pronunciarnos”.

Nueva tarifa eléctrica: “Si la CNMC detecta algo antes que deba cambiar o matizar, lo hará”. Y ojo, no se puede perder de vista que en el regulador de la Competencia, concretamente en la Sala de Supervisión Regulatoria, se sienta el marido de Ribera, Mariano Bacigalupo

Por último, no hay que olvidar que la energía verde del PSOE nos ha salido carísima a los españoles. Ribera afirma que en junio de 2018, España tenía arbitrajes vivos por unos 10.000 millones de euros y ahora estaremos en unos 2.000 millones entre los que están vivos y las condenas. El balance al que ha accedido Hispanidad es muy distinto: a España le reclaman más de 7.700 millones y tiene 48 laudos abiertos, aunque, al menos, ha empezado a ganar laudos. Eso sí, Ribera no dice nada del origen: las generosísimas primas a las renovables que dio José Luis Rodríguez Zapatero, que dispararon el déficit de tarifa a casi 30.000 millones (el cual cerró 2020 en 14.294 millones y se prevé que acabaremos de pagar en 2028). Unas primas que empezó a recortar el ministro socialista Miguel Sebastián en 2010, cuando vio la magnitud del desastre, y luego el popular José Manuel Soria en 2013, provocando que llegaran reclamaciones milmillonarias de fondos y compañías.